A partir del 15 de mayo, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución, concluye el primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la República, comprendido del 14 de enero a dicha fecha. Durante el mismo, el Organismo Legislativo, a partir del 22 de enero, no fue capaz de que se concluyera la interpelación del ministro de Cultura, Carlos Batzín, que requiriera el bloque parlamentario Lider, evidenciándose una inamovilidad legislativa, que si bien es legal también es decepcionante e implica que en la primera reforma constitucional se tenga que modificar, no suprimir, el derecho de interpelación para que de esa manera ningún bloque parlamentario, diputado o partido inmovilice el parlamento por muchas razones que pudiera tener.

Este artículo ya citado establece en su segundo párrafo que: “El Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión Permanente o por el Organismo Ejecutivo, para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer el 25% de diputados o más que tienen el derecho de pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad y conveniencia política. Si la solicitare por lo menos la mitad más uno del total de diputados, la Comisión Permanente deberá proceder inmediatamente a la convocatoria”.

Esta clara norma debe ser utilizada y con ello entrar a conocer las urgentes demandas sociales pendientes, tales como: la suspensión de la Consulta Popular Guatemala-Belice que todos sabemos sería estéril y carísima; es urgente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que Guatemala corre un enorme peligro de quedar excluida, perjudicando a todo el país, poniendo en riesgo exportaciones y miles de plazas de trabajo. También debe conocerse las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que es urgente entre en vigor antes de cualquier convocatoria a elecciones; asimismo, deben conocerse las reformas a la Ley de Comisiones de Postulación, la elección al Consejo del Ministerio Público, Conamigua y varias otras iniciativas de ley que se encuentran detenidas. A esto debe de agregársele que el pleno conozca más de 120 iniciativas de ley que no han podido ser enviadas a las salas de trabajo para recibir dictamen.

Para evitar cualquier argucia parlamentaria, la convocatoria -por muy extensa que sea- debe ser específica y expresa y el Congreso declararse en sesión permanente en la primera sesión extraordinaria, después de haber conocido y aprobado la agenda y así evitar que la misma no se agote previo a todas las iniciativas de ley que la convocatoria haya contemplado.

Si ello implica que el Congreso sesione todos los días comprendidos del 15 de mayo al 1 de agosto, no importa y el bloque parlamentario, partido o diputados que se opongan o no concurran, dejarán más que demostrado que no merecen ser reelectos como diputados y que no responden a los intereses de Guatemala sino a los intereses particulares y políticos de un partido.

Esta es la oportunidad que tienen los miembros de la Comisión Permanente, el Ejecutivo, los bloques parlamentarios y todos los diputados para desentrampar legalmente una agenda legislativa que no han sido capaces de abordar y que ha perjudicado al país.

Argumentos en contra podrán esgrimirse, respaldo a los mismos no existen, la ciudadanía en general sabe lo oneroso y estéril que ha sido el Organismo Legislativo con sus 158 diputados y esa enorme burocracia tan bien pagada. Como reza el dicho, ahora sí sabremos y podremos comprobar si como roncan duermen.
¡Guatemala es primero!