El Ministerio Público realiza hasta ocho allanamientos mensuales en comercios que tienen como «fachada» la venta de licor, pero que son utilizados para explotar sexualmente a menores de edad.
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El pasado 18 de febrero el Congreso aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la cual crea nuevos delitos y reforma algunos ya existentes; sin embargo, el Presidente de la República no ha sancionado la misma para que entre en vigencia.
Organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la niñez y la adolescencia han coincidido en que la nueva ley implica un «gran avance» para el país en materia de resarcimiento a las víctimas y castigo a los victimarios.
CASOS
El 27 de febrero último la Policía Nacional Civil efectuó un allanamiento en una venta de licores llamada «Boston», ubicada en la zona 13, donde tenían información que explotaban sexualmente a jóvenes y adolescentes.
En el lugar fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la Nación dos jóvenes de 15 y 17 años, además, fueron enviados a un juzgado de Primera Instancia los esposos Delfina Velásquez y Juan Ixcayán, quienes permanecen ligados a proceso por trata de personas.
Alexander Colop, titular de la fiscalía Contra la Trata de Personas del MP, explicó que es usual que hallan comercios con fachadas de ventas de licores donde se explote sexualmente a jóvenes, «ello debido a que en la patente de comercio los dueños tiene autorización para servicios varios», indicó.
El fiscal agregó que el MP realiza un promedio de ocho allanamientos mensuales, pero que no en todos encuentran indicios de explotación sexual infantil, ello debido a que los proxenetas movilizan a los menores, según información de la unidad Contra la Trata de Personas de la PNC.
Colop explicó finalmente que «los negocios solicitan autorización general y no limitante para operar, y se detalla en las patentes servicios generales», por lo que consideró urgente la entrada en vigencia de la nueva Ley contra la trata de personas.
«Con la nueva Ley el proxeneta entra con pena de prisión», citó como ejemplo el investigador, quien agregó: «Es ahí donde se enmarca la necesidad de la nueva ley».
Karina Javier, representante de la Organización Internacional de Trabajo, opinó que la Ley recién aprobada en el Congreso «debe cumplir con todas las etapas del proceso», pero esperó responsabilidad del Ejecutivo para sancionarla.
La entrevistada consideró que con esta Ley, Guatemala dejó de ser de los países que no modificaba su legislación con enfoque de protección a las víctimas de este tipo de delitos y enfatizó que de ser vetada, «implicaría un grave retroceso para el país».
«Tanto a la OIT como a las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la niñez y adolescencia nos urge que entre en vigencia porque sabemos que eso es sólo la base y no nos garantiza su cumplimiento, falta capacitar a jueces, fiscales y policías en torno a ella», insistió Javier.