Luego del proceso de postulación de candidatos a Fiscal General, organizaciones concluyeron que se necesitan reformas en la Ley de Comisiones de Postulación para que no se repitan los vicios en el procedimiento, pero hay quienes apuestan a un cambio total del modelo, como el Movimiento Pro-justicia, que ve necesaria una reforma constitucional.

Por medio de un comunicado, la Fundación Mirna Mack cuestionó las pruebas y exámenes a los que fueron sometidos los aspirantes en el proceso de elección a Fiscal General por parte de la Comisión de Postulación.

La organización señaló que persiste la noción de que a los aspirantes a los cargos no les sirve someterse al escrutinio público si al final la nómina final de 6 candidatos obedece a la subjetividad y al tráfico de influencias de poderes públicos o fácticos.

La entidad exigió promover una reforma normativa de la Ley de Comisiones de Postulación que impidan la toma de decisiones subjetivas, arbitrarias y apartadas de los parámetros que establece la justicia y en perjuicio del ordenamiento jurídico nacional.

Pese a ser la segunda mejor calificada de un grupo de 26 aspirantes a Fiscal General, la actual jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, fue excluida de la nómina de seis candidatos al cargo.

REFORMA PROFUNDA

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-justicia, indicó que lo sucedido recientemente en la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General no es un hecho único, pues ha ocurrido siempre.

“No es la primera vez que dejan fuera a un candidato bien punteado, esto ha ocurrido siempre; desde que existen las Comisiones de Postulación y desde que se usan instrumentos de evaluación”, añadió.

“Son decisiones que nosotros entendemos que son políticas porque la Ley lo permite, en donde el punteo sea solamente una referencia, porque la Ley dice que la integración de la nómina se da con el voto mínimo de las dos terceras partes”, apunta Ibarra. “La misma ley deja a criterio de las comisiones como integrar la nómina”, dice.

A criterio de la activista de ProJusticia, para que esto ya no suceda hay que realizar una reforma a la Ley, pero advierte que cualquiera que fuera el mecanismo siempre habrá un descontento: “En realidad estamos frente a una situación en la cual no se han querido dar cuenta que lo que está malo es el modelo, entonces tenemos que ir a una reforma constitucional”, señala.

Entretanto, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, indica que efectivamente hay que realizar reformas a la Ley de Comisiones de Postulación, porque ha sido mal utilizada.

Se han planteado varias reformas que se encuentran en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República referentes al control de campañas de los Colegios Profesionales para evitar el tráfico de influencias, ordenar la tabla de gradación, para evitar la arbitrariedad, así como alargar el tiempo para que las comisiones conozcan los expedientes y, por último, limitar a las universidades a que tengan 5 años de experiencia para presentar a su decano.

Montenegro también se encuentra de acuerdo con una reforma constitucional para cambiar el modelo de las Comisiones de Postulación, apostándole a un modelo como el de Perú, con un Consejo Nacional de la Judicatura.