El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala (CIAG) señaló al Gobierno de utilizar los estados de sitio para defender los intereses de transnacionales y de no contar con un plan para resolver la conflictividad social y las consecuencias que estas generan.

Mario Godínez, secretario del CIAG, acerca de proyectos de explotación minera en el país, explica que el comportamiento del Estado es criminalizar a los líderes comunitarios, militarizar estas zonas y convivir con las empresas.

“Se debe instalar un diálogo honesto con las comunidades para decidir el destino y el uso que deben tener esos recursos. Lo que actualmente se está dando es una conflictividad muy seria a varios niveles, cuya respuesta ha sido la violación a los derechos fundamentales de la población”, menciona Godínez.

Por su parte, Álvaro Folgar Portillo, presidente de la entidad, señala al Gobierno por no favorecer un consenso nacional para tratar este tema, y que solo busca favorecer los intereses transnacionales.

“Hay planes de Gobierno efímeros y que en la práctica no se cumplen, sirven nada más como elementos de campaña. No existen planes de desarrollo. Es necesario un diálogo nacional donde se pueda concluir con los actores sociales, económicos y políticos, un esfuerzo de Nación, porque no es de  un partido político o de una entidad en particular”, menciona Folgar.

Para Folgar, se nos ha vendido la idea que la actividad minera genera empleo, pero que es en la primera etapa de extracción. “Luego en Guatemala lo que queda son secuelas de destrucción”, aduce.

Según el presidente de la institución, el tema del agua, al igual que el de la minería, va a generar conflictividad social en Guatemala, porque se está administrando mal.

“En el litoral del Pacífico, donde hay 250 mil hectáreas de caña de azúcar y palma africana, los cañeros obstruyen el paso de agua de los ríos en época de verano, pues utilizan el recurso hídrico para regar las plantaciones; y las comunidades se quedan sin el vital líquido. Caso contrario en el invierno, donde los ingenios dejan fluir el agua y se registran las inundaciones”, explica.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Raúl Ovando, miembro de la institución, expone que para solucionar esta problemática también se debe garantizar el derecho fundamental a la vida, como lo estipula la Carta Magna. “Un Estado que no garantiza el derecho a la vida de todos, es un Estado que no está cumpliendo con su función”.

Además, Ovando, explica que nuestro país está catalogado como uno de los más excluyentes en Latinoamérica, porque ocupa el lugar 119 de 157 países en términos de Desarrollo.

“Esto no se cambia con medidas clientelares. Al Gobierno no le interesa que se den los cambios porque simplemente quiere mantener el statu quo”, dice.

Acerca de los riesgos socio-ambientales, Ovando menciona que nuestro país está situado en una zona geográfica que lo hace vulnerable a las amenazas hidrometeorológicas que se pueden controlar.

“Cuando llueve, inundaciones; cuando no llueve, sequía y pobreza extrema. Eso nos ha dejado el modelo de desarrollo actual”, subraya Ovando.