Asesinatos de toda í­ndole, violencia y enfrentamientos armados entre grupos de narcotraficantes, son los problemas que aquejan la seguridad del paí­s; la semana pasada fue entregada la hoja de ruta del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, a los Organismo Judicial y Legislativo, sin embargo, aún se buscan las fuentes de financiamiento.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), hasta el 26 de mayo se reporta un total de 2 mil 367 muertes; siendo los departamentos de Guatemala, Escuintla, San Benito Petén e Izabal, los lugares donde existen mayores í­ndices de violencia.

Uno de los sectores más afectados por la inseguridad han sido los trabajadores del transporte público; la cifra asciende a 67 conductores asesinados y 16 ayudantes, indica un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); esta profesión es calificada como una de las más peligrosas.

Las mujeres se han convertido en un blanco de ataque, pues el Organismo Judicial reporta 37 féminas muertas, pero se presume que este número puede ascender al unificar el reporte de la Policí­a Nacional Civil (PNC).

Los niños y jóvenes no están exentos de la problemática. En los primeros cinco meses del año, más de 100 han sido asesinados de forma violenta, según el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

Un claro ejemplo de esta situación, son los acontecimientos que han conmocionado a la sociedad guatemalteca; el reciente caso de la hermanitas Suruy, de 12, 8 y 7 años, quienes fueron ví­ctimas de un vil crimen, suscitado en la Aldea Chicamán, en San Lucas Sacatepéquez, el pasado viernes.

Por otro lado el asesinato del bebé Anthony Josué Rosales Rodrí­guez, de tan sólo dos meses de edad, quien falleció el pasado 26 de marzo, luego que fuera atacado un bus extraurbano donde se conducí­a su progenitora, en Canalitos, zona 24.

Los enfrentamientos entre narcotraficantes representan una amenaza para Guatemala, pues del año pasado a la fecha, al menos seis balaceras se originaron, principalmente en el interior del paí­s, dejando como saldo varias pérdidas humanas.

EXPECTATIVAS

La semana pasada, el presidente ílvaro Colom entregó a los representantes de los otros organismos del Estado y al Jefe del Ministerio Público, la hoja de ruta del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, con el fin de hacerle frente a la impunidad y violencia imperantes en el paí­s.

Ese acuerdo consta de diez ejes de trabajo, que consisten en implementar polí­ticas eficaces en seguridad, reformas a la Policí­a, ejecución de un Plan Integral de Desarrollo Institucional en el Sistema Penitenciario, polí­ticas para la Investigación Criminal, Un reglamento para la administración de justicia, control de armas, cambios en la legislación que regula a las empresas de seguridad privada, programas de comunicación social para informar a la sociedad sobre los compromisos adquiridos, reformas a la agenda legislativa y la presentación de los compromisos adquiridos.

Aunque se desconoce el costo y financiamiento para llevar a cabo las polí­ticas del Acuerdo, se anuncia que organismos internacionales podrí­an apoyar en el tema; además el presidente Colom afirmó recientemente que si se quiere justicia, hay que pagarla.

A decir del analista en seguridad Sandino Asturias, hasta ahora la hoja de ruta del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia es un compromiso más, que si no se concreta la situación continuará igual, pero si se implementa por medio de la voluntad polí­tica y la asignación de financiamiento, los niveles de violencia e impunidad pueden disminuir.

«Yo creo que este es el gran desafí­o, que estamos frente a un buen plan, pero un plan que necesita ejecutarse, y para eso se necesitan los recursos y la voluntad polí­tica», concluyó el profesional.