La situación se fue gestando desde hace décadas. Las advertencias han menudeado. En pasado reciente fue puesto abiertamente en el tapete de la discusión el poder de los reos dentro de las prisiones y se llegó a la toma por parte de las autoridades de Pavón el mayor centro carcelario del paí­s. Ante el creciente hacinamiento y consecuente deterioro de la infraestructura y de la calidad de vida en los centros reclusorios del paí­s, algunos internos optaron por delinquir para obtener recursos para su sobrevivencia dentro de la cárcel. Lejos de detener el delito, la cárcel sólo lo está potenciando». ¿Se cuenta con alguna posibilidad de hacer algo para evitar que esto no suceda? ¿Se puede transformar todo este sistema tan viciado para dejarlo funcional? Ya no es cosa de leyes, sino de analizar el fenómeno de la superpoblación reclusa; contar con datos reales para tomar decisiones, porque si los jueces no dicen a cuánta gente acusada de delitos no graves y a cuánta de delitos graves dejó libre por falta de pruebas, ¿cómo se va a saber si el sistema penitenciario está funcionando o no? í‰ste es un sistema penitenciario, de justicia y policiaco que tiene que estar total y absolutamente coordinado o no va a funcionar. Uno de los motivos de queja por parte de los reclusos son los pagos que efectúan sus familiares cuando los visitan ya que les cobran desde por entrar al penal, hasta por mandar llamar al interno o poderle entregar ropa, alimentos o medicinas. Los familiares asumen con frecuencia, y de diferentes maneras, una parte importante de los costos de reclusión del interno, dado que lo abastecen de bienes y servicios básicos que la institución no les proporciona o lo hace de manera insuficiente. Esto significa que la institución impone, o admite de facto que se impongan, penas que incluyen a la familia, que trascienden al interno. Además de que esta situación es jurí­dicamente inadmisible, coloca en una situación de desventaja a aquellos internos que carecen de familia o cuyas familias no están dispuestas o no tienen la posibilidad de asumir dichos costos. Este tema debe estar comprendido en la agenda de un debate, cada vez más necesario, en torno de los lí­mites y los alcances de la función penitenciaria. Es necesaria la revisión del modelo que rige a las prisiones pues éstas no se encuentren en condiciones de cumplir con los preceptos legales que tienen como fundamento; es decir, la doctrina de la readaptación social mediante el trabajo, la educación y la capacitación para el trabajo..