La protección a la vida y a la integridad de cada una de las personas que habitamos en el paí­s, es un derecho reconocido por la Constitución Polí­tica de la República. Sin embargo, y de acuerdo con cifras de la Policí­a Nacional Civil, en Guatemala se registran entre 13 y 16 muertes diarias; el 82% por arma de fuego.

Los Acuerdos de Paz plantearon la necesidad de reformar el marco jurí­dico en materia de justicia y seguridad en Guatemala; una de las tareas pendientes es la aprobación de la Ley de Armas y Municiones, cuya iniciativa puede recibir el dictamen favorable de la Comisión de Gobernación del Congreso el próximo 11 de julio.

La tenencia de armas también es un derecho establecido en la Constitución Polí­tica de la República, y permite que una persona pueda tener en su vivienda un arma. Sin embargo, la Constitución estipula que todo lo relativo a la portación de armas de fuego debe ser regulado por una ley en la materia.

La actual Ley de Armas y Municiones, con vigencia desde hace 19 años, establece pocos requisitos para la obtención de licencias de portación, únicamente es necesario tener más de 25 años y contar con certificados de antecedentes penales y policí­acos; cada persona puede poseer tres licencias y, por cada una, tres armas.

Hasta el momento, el Departamento de Control de Armas y Municiones, Decam, tiene registradas más de 235 mil armas en manos de 58 mil propietarios. Las estadí­sticas dan cuenta que en el último año se vendieron legalmente 50 millones de municiones, ya que la ley autoriza que por cada arma de fuego, una persona pueda comprar 500 municiones diarias.

Son varios los puntos que han ocasionado problemas entre los diversos grupos polí­ticos representados en el Congreso de la República para la aprobación de una nueva normativa, como la clasificación de las armas, las calidades que debe tener una persona para poder portar un arma, la cantidad de armas y municiones que pueden comprarse y la institución que debe encargarse del control de las mismas, a cargo del Ministerio de Gobernación o del Ministerio de la Defensa.

La aprobación de una nueva ley que regule la portación de armas y municiones es urgente, no obstante, nuevamente se piensa demasiado en el bienestar y ganancias de unos cuantos. Detractores de la propuesta de organizaciones sociales sobre el desarme de la población señalan que el Estado es ineficiente para garantizar la seguridad ciudadana. Y tienen razón, pero no se puede apostar a la privatización de un derecho constitucional que además de ser un privilegio de pocos, significa un peligro para la mayorí­a.