Ciertamente para el gobierno del ingeniero ílvaro Colom el tema de la violencia no constituye una prioridad y se demuestra con el escaso interés que le ha puesto al Ministerio de Gobernación donde cambian autoridades como quien cambia de ropa interior. Sin embargo, para la población la inseguridad es agobiante porque nos expone diariamente al peligro de caer en manos de alguna de las muchas bandas criminales que operan en el país aprovechando, precisamente, esa falta de acción e interés de parte de quienes nos gobiernan.
El hecho de que se nos catalogue como uno de los países más violentos del mundo y que las cifras oficiales de las morgues reporten veinte muertos diarios, debiera ser suficiente para que el Gobierno se mostrara preocupado y exigiera a sus funcionarios más acción para enfrentar el problema sin dilaciones. Sin embargo, vemos que nuevamente se cae en el error de afirmar que no les faltan recursos para promover más seguridad, puesto que el dinero del Ministerio de Gobernación lo pasan a los programas de cohesión social, lo que nos muestra el nivel de prioridades que hay.
Cierto es que para nosotros la pobreza es un tema agobiante y que constituye uno de los retos más grandes para la sociedad guatemalteca, pero no se puede ignorar que hay una estrecha relación entre el tema de la pobreza y la violencia, no porque los pobres sean más dados a ser violentos como creen algunos, sino simple y sencillamente porque la criminalidad es un factor que aleja las inversiones y, consecuentemente, elimina la capacidad de generar empleos.
Ello para no citar el punto clave de la pena que se tiene que sentir por la pérdida de vidas humanas como consecuencia del descuido de las autoridades que no atinan a definir un plan de acción contra la violencia. Ya vimos que hay criminales que matan simplemente para cumplir el requisito de iniciación en alguna pandilla y no les importa un pepino el dolor que siembran en familias que quedan en el más absoluto desamparo. Y casos así abundan porque el delincuente tiene la absoluta certeza de que no será castigado y que salvo un milagro, nunca llegará a juicio por los delitos cometidos.
Eso es algo que tiene que cambiar y por eso es tan importante el sistema de justicia sobre el que están ahora puestos los ojos de la ciudadanía. El Gobierno, sin embargo, también en eso descuida sus deberes, porque está queriendo interferir con la decisión y los nombramientos, lo que significa que les importa más el control de las instituciones que la posibilidad de generar un clima de confianza y seguridad entre la población.