El miércoles de la semana pasada se conmemoró el “Día internacional para la Erradicación de la Pobreza”, cuyo fenómeno tiene raíces históricas en Guatemala. Esta fecha invita a la reflexión acerca de las acciones que se han aplicado para lograr este importante objetivo. Cabe mencionar que la pobreza en el país tiene rostro definido, y éste corresponde a la mujer indígena y del área rural.

En esta última década se ha hecho publicidad, pero los avances han sido muy pocos.   Según cifras de Naciones Unidas, en el año 2007, el 15% de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Los datos son contundentes porque demuestran la situación real del país; también es alarmante saber que, por lo menos, otro 15% se encuentra en riesgo de pertenecer a este rubro.

Muchos pensarán que la violencia es el primer efecto que se presenta, pero esta hipótesis cae cuando se verifican los datos del departamento con mayores índices de pobreza extrema del país: Totonicapán. En este lugar se registran las tasas de homicidio más bajas de los últimos once años. Es necesario aclarar que no debe confundirse, en ninguna circunstancia, el conflicto social con la violencia.

Sin duda, la desnutrición crónica es la expresión de la pobreza que deteriora en forma permanente a la población; de ahí que sus daños son irreversibles porque afectan la capacidad productiva de los individuos. La desnutrición crónica tiene una robusta correlación con los niveles de pobreza extrema. Totonicapán es el área con mayor índice en este sentido en Latinoamérica, lo cual tiene correspondencia con los niveles de pobreza extrema. Dadas estas condiciones es difícil, entonces, que se alcancen las metas de competitividad trazadas, pues más de la mitad de los niños guatemaltecos están desnutridos crónicamente. Esto proyecta un pobre desarrollo del capital humano para el futuro.

La pregunta a responder es: ¿qué se está haciendo para revertir esta situación? En la actualidad se pretenden implementar políticas que conduzcan a la generación de empleo, como una de las promesas de campaña del actual Gobierno; pero, casi diez meses después, las soluciones aún no han llegado. Por otra parte, la mayoría de empleos que se generan se localizan en el área metropolitana, y no existe la infraestructura necesaria ni la política de incentivos que canalicen las inversiones a los lugares más necesitados y alejados de la capital.

Las políticas deben encaminarse a establecer el clima apropiado para generar empleos formales a largo plazo, que tengan capacidad de elevar los niveles de vida de la población en forma sostenida. Esto es difícil pensarlo cuando es notoria la alta competitividad que se vive en el mundo actual. Lo anterior muestra la importancia del sistema educativo, puesto que, si la mano de obra no se encuentra debidamente capacitada, el país no tendrá la aptitud de absorber inversiones extranjeras.

En resumen, las raíces de la pobreza son varias y, por lo mismo, se necesitan múltiples soluciones, empezando por la implementación de paliativos focalizados y aplicados de mejor manera a la que ejecutó Cohesión Social y en la actualidad el programa llamado Hambre Cero. Estos programas han sido importados con sus virtudes, pero también con sus errores, lo cual ocasiona que las personas beneficiadas se acomoden a estos ingresos, y se conviertan en población menos productiva.

El gasto que se realiza en estos programas no es sostenible. Además es imposible pensar en un aumento de la calidad educativa cuando los niños que reciben asistencia poseen algún grado de desnutrición crónica. En este momento debemos reflexionar acerca del destino que tienen los nuevos préstamos que gestiona el Congreso, los cuales servirán en su mayoría para gastos de funcionamiento. En consecuencia, la inversión productiva quedará minimizada.