Urge cirugí­a mayor a la Ley Orgánica del Congreso


HEMICICLO PARLAMENTARIO

En los años 90 y 94, la Ley Orgánica del Congreso de la República fue sometida a una profunda revisión y aunque se hizo una nueva ley, considerada vanguardista en aquella época, es evidente que el normativo colapsó y que las enormes fallas en el manejo financiero tienen sumido al Organismo Legislativo en una de las crisis más grande de los últimos tiempos.


El diputado Oliverio Garcí­a Rodas afirma que debe legislarse más allá, pero es importante la ponencia del diputado Crespo, porque acaba con los feudos personales.El presidente del Congreso, Arí­stides Crespo, presentó el miércoles a consideración del Pleno una iniciativa de ley para descentralizar el trabajo administrativo. Los directivos se dedicarí­an sólo al trabajo legislativo.

La renuncia del presidente electo, Eduardo Meyer es el resultado de la anarquí­a que impera en el Organismo Legislativo. El ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala que fue electo el pasado 14 de enero, cinco meses después, fue despojado del cargo, cuando 104 diputados le aceptaron su renuncia el pasado seis de agosto, por su innegable responsabilidad en el millonario «jineteo» de Q82.8 millones.

El diputado Arí­stides Crespo, quien lo sustituye en el cargo, presentó el martes una propuesta de ley para fortalecer los controles financieros, que va desde un riguroso proceso en la selección de los directores financiero, administrativo y auditor interno, hasta la creación de un Director General o Gerente del Congreso de la República, tal como funciona en los Organismos Ejecutivo y Judicial.

La idea es alejar a los diputados que conformen la Junta Directiva del control financiero, tal como se lo apropió absolutamente Meyer en revancha a Roberto Alejos, toda vez que él esperaba designar a su amigo Santiago Nájera en la primera secretarí­a, a cuyo cargo por tradición se le ha asignado en legislaturas anteriores la responsabilidad administrativa. Meyer firmaba hasta las horas extras.

La propuesta ha tenido una buena acogida y ha sido vista como punta de lanza de una reforma integral que debe ser sometida la actual legislación que norma el trabajo legislativo y el quehacer administrativo, cuya discrecionalidad y poca transparencia coloca al Legislativo, según asegura Manfredo Marroquí­n, director de Acción Ciudadana, como el Congreso menos transparente de América Latina.

Es urgente reformar la Ley Orgánica del Congreso

Recuerda que hace unos 10 años se habí­an planteado varias iniciativas similares, pero desafortunadamente no hubo voluntad polí­tica para llevarlas a la práctica. Ahora es el momento de aprobar una nueva ley, ya que la actual contiene vací­os y no asegura la transparencia de ningún proceso, como lo es la separación definitiva de los temas propiamente legislativos con el financiero-administrativo para lo cual debe existir un cuerpo técnico especializado y responsable.

«Que los diputados se dediquen a sus quehaceres polí­ticos y que dejen en manos de profesionales los que se refieran a otros temas», resaltó el analista polí­tico.

La nueva ley interna del Congreso debe contemplar sanciones para los diputados que sean sorprendidos transgrediendo la ley, utilicen el tráfico de influencias, estableciendo a la vez un Código de í‰tica dirigido a los dignatarios.

Actualmente no hay ninguna garantí­a que promueva el acceso a la información, incluso muchos de los proyectos de ley son retenidos y hasta escondidos, no existe debate responsable a lo interno de las comisiones y mucho menos se sabe cómo y cuándo se reúnen, cómo y porqué se dan los votos nominales y para qué sirven, esto y mucho más debe analizarse y plasmarlo en una nueva ley, sostiene.

Es plausible la iniciativa del diputado Crespo, porque denota su buena intención de legislar en ese sentido, sin embargo, debe legislarse también para que las iniciativas de ley trasciendan más a la población por cualquier medio de difusión electrónica, hacer obligatorias las audiencias públicas, sancionar a los tránsfugas, regular la contratación de asesores y personal asignado a las bancadas, agrega.

Debe apoyarse la carrera administrativa: Castro Quiñónez

Por su parte, la ex presidenta del Congreso, Arabella Castro (1994-1995 y 1997-1998) al comentar la iniciativa que promueve el actual presidente, Arí­stides Crespo, dijo que le parece muy bien que exista consenso en diferenciar la parte administrativa de la parte polí­tica.

En su época recuerda que se preveí­a una carrera administrativa para el personal que está bajo la jurisdicción de la Junta Directiva del Congreso. Por ejemplo, las secretarí­as del Presidente del Congreso, las secretarí­as de Junta Directiva y todo lo que es la Oficialí­a Mayor y Protocolo del Congreso debe ser gente de carrera.

«De hecho, en nuestra época cuando me tocó presidir a mí­ y al general Efraí­n Rí­os Montt (1995-1996), lo respetamos y capacitamos en la Argentina al personal asignado a la Comisión de Finanzas, Protocolo, Asistentes Legislativos, Oficialí­a Mayor, etcétera y creo que si eso se refuerza, aplausos, porque este debe ser un personal de carrera y no polí­tico», subraya.

Rí­os Montt firmó convenio con la UMG para capacitar personal

En la época del general Rí­os Montt, cuando presidió el Congreso de la República durante la legislatura 2000-2004, se suscribió un convenio con la Universidad Mariano Gálvez para capacitar con todos los gastos pagados a todo el personal, desde limpieza hasta el administrativo y asistentes legislativos con licenciaturas en administración de empresas y maestrí­as en derecho parlamentario.

Sin embargo, el clientelismo polí­tico acabó con toda esa generación de profesionales y a la fecha se calcula que sólo 32 laboran en el Organismo Legislativo después de esa inversión que la administración del general Rí­os Montt la justificó como parte de la modernización y actualización, pero fundamentalmente en los acuerdos de paz que mandan a capacitar a los trabajadores y servidores públicos.

El presidente no debe reelegirse

Castro considera como un error garrafal, permitir que un presidente del Congreso pueda reelegirse, porque esa ambición lo conduce a ceder a las presiones de los diputados que exigen una oficina particular y contratación de asesores, aunque sea un único diputado que conforme ese bloque legislativo. La ex presidenta no lo mencionó, pero es una realidad que los viáticos y viajes al exterior son parte también de esa factura.

«Sí­ es el Presidente del Congreso un ente eminentemente polí­tico no deberí­a reelegirse sucesivamente, si quieren que se reelija pero no inmediatamente después de la primera administración porque sencillamente lo que sucede es que empiezan a favorecer todo tipo de compadrazgo», sentencia Castro.

En cuanto a las reformas del proceso legislativo, esa parte no es tan fácil porque la Constitución ya enmarca un proceso que no se puede saltear y creo que en la época del diputado Jorge Méndez ya se hizo alguna modificación para facilitar el tema de las tres lecturas.

Debe agilizarse trabajo en el Pleno

De acuerdo a su experiencia, Castro dijo que en su momento se planteó la posibilidad de legislar al estilo parlamentario europeo para normar las intervenciones dentro del pleno, de modo que sea una persona por bloque, porque sólo en esa medida se puede eficientar el trámite parlamentario.

En Europa, el jefe de la bancada o una persona designada especialista le corresponderí­a por ejemplo, fijar la posición de su bloque sobre la reforma fiscal, toda vez que los argumentos no se sacan de la «manga», son argumentos sólidos del partido y no del criterio de un diputado, explica.

«Si la actual junta directiva quiere hacer una reforma seria tendrí­a que ir en la dirección de fortalecer esos puntos, aunque ya se dieron algunos pasos en la reforma del 94 en lo relativo a la contratación de asesores y secretarias que contiene limitantes, porque hay que corregir ese desorden».

Trabajan en una nueva propuesta

Mientras tanto el ex diputado y Oficial Mayor durante muchos años en el Congreso de la República, José Luis Mijangos Contreras, director de la ONG que apoya al Legislativo, comentó que durante casi tres años han venido trabajando en una reforma integral de la Ley Orgánica del Congreso de la República.

Señaló que la iniciativa presentada por el diputado Crespo no solamente es adecuada, sino también es conveniente, porque eso «parte aguas» entre lo que es el Congreso y lo que debe ser el actual Congreso con cara al futuro, es decir, hacer una división entre lo que deben ser las funciones polí­ticas y lo que deben ser las funciones administrativas.

«El derecho parlamentario es dinámico y diariamente está cambiando como también evolucionan las instituciones, las tendencias polí­ticas y los hombres y aunque no debe restársele el mérito a la ponencia del presidente del Congreso, tampoco se debe perder de vista una reforma integral que es muy necesaria».

El anteproyecto elaborado por la organización LEGIS, aborda las reformas en lo relativo a la integración de los bloques, comisiones y sus presidencias, así­ como la reestructuración de los otros órganos del Organismo Legislativo.

Paralelo a este proyecto, Mijangos, dijo que se trabaja en una reforma a la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo que necesita adaptarse a las circunstancias actuales, establecer cuáles son las funciones y atribuciones de cada uno de los Directores de las diferentes dependencias y establecer, no solamente las funciones sino también las responsabilidades que hay en el ejercicio de los cargos.

No más feudos personales

El diputado Oliverio Garcí­a Rodas, del Partido Patriota, señala que la iniciativa de ley presentada el miércoles para descentralizar las funciones administrativas, es el primer paso para modernizar el Congreso de la República.

Sin embargo, habrá que estudiar la propuesta porque como está planteada se ve muy simple, creo que hay que hacerla de manera más integral porque no sólo es el manejo financiero sino el manejo administrativo total del Congreso, por lo tanto, se debe ir más allá aprovechando el respaldo que las bancadas han mostrado en respaldar esta iniciativa de ley, porque también es necesario que las instituciones deben dejar de funcionar como feudos personales.