Diputados de varias bancadas que intentan reivindicarse, después de haber votado masivamente a favor de la indemnización de los congresistas que no fueron reelegidos y aumentarse el sueldo anualmente en un 10 %, tienen a la mano una de las formas de hacerlo que, aparentemente, no requiere esfuerzo de su parte.
Sólo requiere buena voluntad y disposición de aprobar en tercera lectura el proyecto de la Ley de Adopciones en la sesión extraordinaria prevista para mañana martes, cumpliendo así con las exigencias de la mayoría de los ciudadanos, expresadas por numerosas organizaciones de la sociedad civil y el propio Organismo Ejecutivo.
El Estado de Guatemala, a causa de la demora del Congreso de no promulgar la citada normativa, se encuentra transgrediendo por omisión normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y disposiciones del Convenio de La Haya, de manera flagrante, sistemática y generalizada, y por la negligencia y compromisos inmorales de la mayoría de los diputados el Estado de Guatemala no ha adoptado medidas que prevengan y sancionen los actos relacionados con las adopciones irregulares, los embarazos forzosos o de alquiler, la sustracción de niños de sus legítimas madres, la suplantación de documentos, alteración de registros civiles, funcionamiento de casas cunas clandestinas, anomalías en los trámites de adopciones e incremento de agencias de adopciones internacionales.
Es una cadena de delitos que implica la gravedad de la impunidad en las adopciones anómalas que alcanza alrededor del 99 % de los casos; mientras diputados sin ética se esmeran en recetarse canastas navideñas, redacción de proyectos de ley referentes a la transparencia administrativa (¡!) en lujosas suites de hoteles de cinco estrellas, viajes con invitaciones fantasmas a París, incrementos salariales y otras delicias similares.
Por supuesto que no son todos los legisladores los que privilegian perversos intereses económicos personales, ni la totalidad de los diputados carece de compromiso social, y de ahí que se espera que en la sesión de mañana se ponga en evidencia quiénes son los congresistas que favorecen el fortalecimiento del estado de Derecho en materia de adopciones, y cuáles son los nombres de los parlamentarios que venden sus precarias conciencias al precio que negocian con los interesados en que imperen las irregularidades en esta delicada área de la sociedad guatemalteca.
Es una realidad que la pobreza ?no podía ser de otra manera? es el denominador común de los menores de edad en circunstancias de adopción, derivada de la agudización de políticas neoliberales que llegan a repercutir directamente en el ámbito familiar y que se resiente en los estratos más bajos y desposeídos de la sociedad, lo que provoca mayor vulnerabilidad en la población infantil.
Personalmente espero la voz y el voto favorables del diputado Mario René Chávez García, de la URNG/MAIZ.
(Romualdo Tishuso le pregunta a un diputado opositor al proyecto de la Ley de Adopciones: -¿Por qué estás escribiendo esa carta tan despacio? El legislador replica: -Es que mi mujer apenas sabe leer).