Una noche de esta semana, esas mismas palabras cobraron cuerpo, cabello, ojos, puños y voz.

Olga López, Loyda Rodrí­guez y Raquel Par, acompañadas por Norma Cruz, iniciaron desde el miércoles 15 de julio, una huelga de hambre para exigir el retorno de sus hijas, robadas y entregadas en adopción a familias estadounidenses.

A través de una larga investigación, la Fundación Sobrevivientes identificó a una red de trata de personas que estarí­a enriqueciéndose ilí­citamente con este despreciable negocio.

«Este no es un problema de tres mamás, es un problema de toda la sociedad guatemalteca. Desde sus autoridades hasta la población en general. Nuestros niños y niñas, nuestro futuro está siendo comercializado como cualquier artí­culo», comentó Norma desde una silla plástica, cubriéndose del frí­o con una chamarra de cuadritos rojos y rodeada por varios visitantes, que decidimos pasar esa noche junto a ellas.

Sus semblantes, evidentemente agotados no sólo por la falta de alimento, si no por lo precario de las condiciones en las que se encuentran y las constantes reuniones sin mayores frutos, tení­an cierto brillo esa noche. «Estamos contentas, porque la gente se está dando cuenta que hay que hacer algo para conseguir resultados. Cada 65 segundos, pasa alguien a saludarnos y mostrarnos apoyo», relataron.

En la charla, aseguraron que van a permanecer frente a la Corte de Suprema de Justicia hasta que se declare la nulidad de estos procesos, las adopciones queden sin efecto y las niñas retornen al paí­s y al seno de sus hogares. Es un proceso largo, pero están dispuestas a llegar a las últimas consecuencias. Al momento de escribir esta columna, aún permanecí­an en ese lugar, porque las autoridades no daban respuesta. Y no es para menos, quienes están involucrados a todo precio evitarán enfrentar castigo y cárcel por sus actos.

Al igual que ésta, muchas demandas son descalificadas y minimizadas, incluso al intentar desviar la atención mediática que provocan, a cosas tan absurdas como las declaradas recientemente por el vicepresidente Espada, cuando campesinos de Plataforma Agraria y CODECA realizaron una jornada de protestas.

«Lo que llama la atención son tantos buses… ¿quién los paga??» declaró Espada, mientras mujeres, hombres y niños gritaban ¡la protesta por tierra y alimento no es un delito!

Ejemplos como los anteriores sobraron en la plática nocturna, pero sobresalió el hecho de esas otras caras conocidas que en épocas no muy lejanas eran «revolucionarios» de sangre y corazón, ahora «por el chance, en tiempos de solidaridad» criminalizan y deslegitiman las luchas sociales.

Un discurso, una frase, un eslogan, o un intento, no sirven. Es fácil llenarse la boca de consignas, ¿y los hechos?

Los campesinos, Norma y las madres que buscan el retorno de sus hijas, cientos de familiares de ví­ctimas de la guerra sucia gubernamental, y todas aquellas personas que a diario luchan por sobrevivir en un sistema que excluye, denigra y atenta contra la vida, demandan JUSTICIA YA.

Desde esta pequeña isla llamada Consulta Popular, nos sumamos a esa petición, condenamos enérgicamente a quienes impiden la resolución de las demandas populares y declaramos ALTO A LA IMPUNIDAD.