No hay familia guatemalteca en la que alguno de sus miembros no haya sufrido un asalto o robo, especialmente en cuanto a los celulares se refiere y ahora resulta que ya no basta entregar el aparato a los delincuentes, sino que el mismo tiene que ser de buena calidad porque de lo contrario los maleantes montan en cólera y son capaces de matar a quien no porte un buen aparato.

Evidentemente, como siempre pasa, mientras unos están en la pena, otros están en la pepena porque para empezar el robo de los celulares es un gran negocio para quienes venden los aparatos nuevos y para quienes los «aseguran a cambio de un deducible». La famosa ley para impedir el robo de celulares ha sido un fiasco, igual a la norma que prohí­be que dos personas viajen en una moto, porque vivimos en un paí­s donde nadie cumple lo que dice la ley y todos hacen lo que les da la gana. Pero también hay que ver que mientras la ciudadaní­a centra su atención en lo que está ocurriendo con la violencia, hay otros que hacen su propia pepena y todos los dí­as nos enteramos de nuevos trinquetes y negocios que demuestran la imparable voracidad de nuestros servidores públicos. Esta mañana podí­amos ver que se ha pagado a constructores de vivienda por proyectos que no se terminaron de ejecutar y que los pí­caros que hacen negocio con las medicinas aprovecharon la situación de emergencia nacional provocada por la calamidad de Agatha para hacer compras de medicamentos que nada tienen que ver con consecuencias de ese fenómeno natural, pero usaron como procedimiento de compra el que se supone que debí­a servir para adquirir insumos directamente relacionados con la emergencia.

El caso es que la violencia que preocupa a la población y que atrae todas las atenciones porque la gente lo primero que quiere es asegurar su vida y por lo tanto todo el interés está en ver cómo se hace reaccionar al inútil gobierno en este campo, nos distrae de la posibilidad de fiscalizar el manejo de los recursos públicos y eso facilita los negocios que siempre se han hecho en el Gobierno, pero que no han disminuido en este y, seguramente, en medio de esa concentración que los ciudadanos y los medios tenemos en el tema de la seguridad, se facilitan porque hay menos control y preocupación de la gente. O sea que nuestras desgracias son mayores, porque no sólo nos están matando, sino que mientras eso ocurre y nos preocupamos por la inseguridad, los ladrones en el gobierno se sienten a sus anchas para realizar fechorí­as de todo tipo. No es únicamente el Registro Nacional de las Personas sino que toda la estructura del Estado sigue funcionando al servicio de la corrupción porque el sistema así­ está diseñado, para beneficio de los largos mediante garantí­as de impunidad.

Creo que es importante señalar que el mandato de CICIG, de investigar cuerpos clandestinos que funcionan en las estructuras públicas, tendrí­a que orientarse mediante una división especial a esas mafias que sirven al funcionario de turno y que están enquistadas hasta la raí­z de nuestras instituciones. Los corruptos son un poder paralelo graví­simo que tiene que ser perseguido con firmeza.