El Organismo Judicial dio a conocer que en el transcurso del año 2012, alrededor de 850 menores de edad declararon como testigos y víctimas en procesos judiciales a través de videos de circuito cerrado y cámara Gesell.

Dos menores de edad que sobrevivieron a la masacre ocurrida en el caserío Los Dolores, aldea Las Escobas, en el municipio de Villa Canales, donde siete de sus familiares fueron presa de un ataque armado, vieron todo lo que sucedió, lograron huir y luego relataron a las autoridades cómo sucedieron los hechos.

Su declaración fue parte de las pruebas que, entre otras, llevaron a César Augusto Chávez Archivi, ante los tribunales de justicia.

Para resguardar su seguridad, ambos testificaron ante el Juzgado Segundo y el Ministerio Público (MP) a través de la cámara Gesell ubicada en el segundo nivel de la Torre de Tribunales.

Ellos son parte de los 850 menores de edad que durante el transcurso del 2012 declararon como parte de los procesos donde fueron víctimas o testigos de los hechos.

NO REVICTIMIZAR
“Los niños no ven ni entienden el mundo como lo hacemos los adultos”, explicó Carlos Menchú, jefe de la Unidad de la Niñez del Organismo Judicial (OJ). En ese sentido, dijo que la justicia debe adecuarse a ellos y garantizar la no re victimización en casos donde es necesaria su declaración.

Dentro de las herramientas con las que cuenta el OJ para este tipo de casos, están las cámaras de circuito cerrado y la cámara Gesell, que tiene el propósito de evitar que el niño confronte a su agresor y permite también que la declaración del menor sea más libre, explicó Menchú.

CONSIDERACIONES
Nery Baten, abogado de Fundación Sobrevivientes dijo que dentro de las consideraciones que deben tomarse cuando los niños declaran es que la misma se haga lo más pronto posible para que así se evite que los menores estén involucrados en el proceso en todas sus etapas.

También agregó que al momento de este tipo de diligencias los infantes deben estar acompañados de un psicólogo, con el objetivo de que tengan la confianza para poder decir todo lo que saben.

Por otro lado, Baten resaltó que es importante que también se les proporcione atención psicológica posterior a su declaración, para que por medio de terapias mejore su estado emocional  y se minimicen las secuelas que podría sufrir, como parte del hecho delictivo que presenciaron o del que fueron víctimas.

Según informó el abogado, durante el transcurso del año la Fundación se constituyó como querellante en aproximadamente en 200 casos donde fueron niños los agraviados, esto como consecuencia del aumento de este tipo de denuncias

De acuerdo con el entrevistado, la mayoría de estos casos son por violación a la libertad sexual de los menores. Además agregó que abundan los procesos donde los agresores son familiares cercanos.

VALOR PROBATORIO
Por su parte, Norma Cruz, directora de Fundación Sobrevivientes, dijo que según la experiencia que han tenido como querellantes, en los tribunales de justicia aún no se le da el valor probatorio justo a las declaraciones de los menores.

“Es una situación bastante grave, porque pese a haber vivido y presenciado el hecho de violencia, luego la investigación y las etapas procesales, al final su declaración no es tomada en cuenta”, criticó.

La entrevistada dijo que el sistema de justicia debe entender que en este tipo de casos son los niños la parte fundamental para esclarecer un caso.

SIN SU FAMILIA
Haber presenciado el asesinato de su familia no fue todo para los dos menores que sobrevivieron a la masacre en Villa Canales, puesto que tuvieron que pasar la Navidad en el albergue de la Procuraduría General de la Nación (PGN), porque la audiencia de presentación de pruebas del Ministerio Público contra Chávez Archivi está programada para enero, y ellos volverán a declarar como testigos; posteriormente el Juzgado de Niñez y Adolescencia decidirá si los entrega a familiares.

OTRO CASO
El pasado 18 de mayo, Andrea, una niña de 9 años, declaró en el juicio donde fueron condenados entre 2 y 24 años tras las rejas, cuatro adultos por homicidio y maltrato a personas menores de edad, tras haber matado a golpes a Daniel Armando Porras, quien tenía 10 años.