Édgar Guerra, titular de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que unos 300 mil usuarios utilizan el Transurbano, por lo que preocupa que la intervención del mismo pueda afectarlos.

Según el entrevistado, los usuarios que utilizan este transporte se encuentran en San Miguel Petapa, Villa Nueva, Ciudad Real, las zonas 21, 18, 6 y 1 de la capital.  El número de pasajeros de estas unidades sería de aproximadamente 300 mil.

Guerra dijo que entre sus funciones está velar por los derechos de los pasajeros y que estarán a la expectativa de que no resulten afectados, “esperamos que esto no perjudique a los usuarios, nosotros estaremos monitoreando”, refirió Guerra.

De acuerdo con el profesional, el panorama que podría visualizarse es la paralización de dicho transporte, por lo que se solicitaría que no se originen estas situaciones, más bien se garanticen los medios necesarios para el traslado de la usuarios.

El entrevistado fue consulado, tras la información pública, de la intervención del Transurbano, aparentemente por un error en la creación.  El Juzgado Noveno de Instancia Civil ordenó la intervención de la Asociación de Empresarios del Transporte Urbano (Aetu).

SIN INTERVENTOR AÚN
Aníbal García, abogado de los demandantes que promovieron la acción de la cual derivó la intervención Asociación de Empresarios del Transporte Urbano (Aetu), señaló que ya recibieron  la notificación del Juzgado Noveno del Ramo Civil, respecto a que se le dio trámite a su denuncia y que se decretó como medida precautoria la intervención de dicha entidad.

Según García, tras recibir dicha medida, las autoridades podrán esclarecer la legalidad de 16 sociedades, entre estas,  Rutas Metropolitanas de Transporte, Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Concesionarios de Transporte, Holding Transport Company Guatemala, Transportes Ciudad Real, Multiservicios y Sistemas Avanzados de Transporte (Mysatran), etc.

No obstante, García no precisó quién estará a cargo de dicha intervención, ni los pormenores de la misma; aunque reiteró que buscan que se investigue y se decrete la nulidad de las escrituras de constitución de dichas empresas.

“El sistema de trasporte urbano guatemalteco ha sido altamente cuestionado, porque se denuncia que hay malos manejos, robos, subsidios totales para que funciones empresas privadas, se denuncia enriquecimiento ilícito para los directivos de dichas sociedades”, indicó y reiteró que con las acciones solicitan que se diluciden dichas interrogantes.

Por otro lado, el abogado recordó que en una acción promovida el 6 de febrero último, denunciaron ante el Ministerio Público a Luis Gómez y los demás directivos de las entidades mencionadas; no obstante, no observaron avances en dicha investigación.

Se intentó establecer comunicación con Gómez, pero no atendió las llamadas a su celular.