Nuestro apoyo a la reforma fiscal es firme porque creemos en la necesidad de fortalecer los ingresos fiscales para financiar el desarrollo, además de que sostenemos la necesidad de que exista justicia tributaria para que cada quien aporte según sus posibilidades. Pero pensamos que el proyecto de reforma fiscal es uno e indivisible con relación a las normas de transparencia y que por lo tanto no se puede hablar de uno, no se puede aprobar uno, sin hacerlo con el otro.
Porque tenemos una larguísima historia de corrupción y de aprovechamiento inmoral de los recursos públicos en perjuicio de los intereses de la Nación. Porque tenemos demasiada experiencia en ver que con fines políticos o personales, el dinero de los contribuyentes nunca llega a los más necesitados sino que sirve para otros fines. Porque sabemos que la impunidad ha funcionado a favor de los corruptos y sinvergüenzas que se aprovechan de las debilidades del sistema para salir en caballo blanco.
Por todo eso, aumentar la carga fiscal y los ingresos sin que, al mismo tiempo, se aprueben las leyes para combatir la corrupción, es darle más dinero a los corruptos. Nunca hemos objetado la necesidad de mejorar los ingresos del Estado porque sabemos que no hay país en el mundo que haya alcanzado su desarrollo sin que los ciudadanos aportaran de acuerdo a sus posibilidades para financiar el progreso. No existe otra fórmula por más que los ideólogos de la ultra, ultraderecha, digan que el bienestar y la prosperidad llegarán cuando dejemos en paz a los más ricos para que sean más ricos y así derramen su riqueza sobre los más pobres. Lo que no dicen es cómo ocurrirá eso ni cuánto tiempo se necesitaría para educarlos sobre lo que significa la avaricia y la ambición de tener siempre más.
El Gobierno ha logrado un gran paso al tener ahora a favor de la reforma, tal vez porque la misma pesa más sobre otro sector, al empresariado que ha sido el tapón final para cualquier empeño de cambio fiscal. Pero esa ventaja significativa tiene que aprovecharla para presionar al Congreso a fin de que aprueben el paquete como uno e indivisible, poniendo como corresponde y con la prioridad del caso, lo relacionado con las leyes que nos permitan enfrentar el flagelo de la corrupción.
Ciertamente no se erradica por ley la podredumbre, pero al menos dota al Estado de los instrumentos para emprender el arduo y duro camino de enderezar la administración pública y hay que castigar a TODOS los que se benefician con dinero público, es decir, funcionarios, contratistas y proveedores que son responsables del saqueo del Estado.
Minutero:
Sin leyes contra la corrupción
resulta que la reforma
le facilita la forma
para que se harte el ladrón