Esta semana la atención mediática se volcó de lleno a la captura de Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición de Cristina Siekavizza, ocurrida hace dos años y medio. Cuando el proceso penal parecía estar dormido debido a las acciones y recursos legales que se tramitan y que tienen la causa en espera, ocurrió una de las detenciones de mayor importancia para el Ministerio Público.

El mediodía del viernes pasado se conoció que durante meses, Barreda vivió en Mérida, Yucatán, México, junto a sus pequeños hijos Roberto José y María Mercedes. A la fecha se empiezan a descubrir los detalles de su vida como prófugo de la justicia, y las autoridades no descartan que más personas estén involucradas en su salida del país.

Pese a que la Constitución Política de la República norma la existencia de derechos y garantías durante un proceso penal, como el derecho a contar con una defensa técnica, la garantía de un debido proceso, el derecho a ser juzgado por un juez natural y el derecho de acceso a la justicia, en casos de alto impacto estas circunstancias parecen tensarse hasta el punto de deformarse.

Y en ese sentido, este caso no parece ser la excepción. En la primera audiencia ante el juzgado que lleva su caso, el abogado de Barreda se excusa sin motivo aparente. En cualquier otro proceso dicha acción podría considerarse normal, pero en éste en particular, cada movimiento, ya sea de la parte acusada como la acusadora será objeto de cualquier interpretación.

Aunque en el camino el proceso penal contra Barreda, hijo de la exmagistrada Beatriz Ofelia de León se pinta difícil para el ente investigador, ya que se habla de la posibilidad de lograr procesar al señalado por el delito de femicidio, no existiendo un cuerpo que pruebe el crimen, la causa también representa una oportunidad para la Fiscalía de demostrar lo que es capaz de hacer.

Y es que este caso es tan importante, ya que no solo pone a prueba las capacidades del Ministerio Público, sino la fuerza del Organismo Judicial y demás entes de justicia para hacer frente al tráfico de influencias y a la procuración de impunidad.

También es importante, porque es el reflejo de miles de procesos que se diligencian en el país. Recuerdo que cuando la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, presentó su informe de labores en el 2012, dijo que el delito de violencia contra la mujer era uno de los más denunciados, con alrededor de 35 mil  casos en un año.

Esto demuestra que en los cimientos de nuestra sociedad la cultura de machismo sigue siendo parte del engranaje con el que se mueve el país. Las mujeres nos vemos expuestas a un sinfín de situaciones que menoscaban nuestra dignidad y cuestionan nuestra capacidad de desarrollarnos como personas plenas.

El caso Siekavizza es una oportunidad para reflexionar en las miles de historias de violencia contra la mujer, y buscar una mayor visibilización de las mismas para combatir el causante de las muertes de féminas que con su vida bien podrían haber cambiado el rumbo de este país.

Termino citando las palabras con las que Alejandro Sánchez inició el artículo Eficiencia y eficacia en el sistema de justicia, para la Revista de Análisis de la Realidad Nacional del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC):

“La invisibilización de la violencia es una característica de la sociedad guatemalteca. Y en ese fenómeno de invisibilización, quizás la violencia contra la mujer es la que menor atención recibe, aunque algo comienza a cambiar”.