Organizaciones sociales y sindicales de Centroamérica han unido esfuerzos para oponerse a la flexibilidad laboral, la cual propone contratos de trabajo que limitan los derechos de los trabajadores.

Con éxito se realizó la semana pasada, la videoconferencia en la que sindicalistas de los cinco paí­ses que integran la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, discutieron sobre los avances obtenidos en cada paí­s del Istmo.

Los participantes expusieron con preocupación los «progresos» que han tenido los sectores empresariales en el campo de la disolución de los derechos laborales y la amenaza que representan para los lí­deres sindicalistas.

David Soto, representante del sindicato nacional de trabajadores de Guatemala, considera que la flexibilidad laboral es una imposición que suprime los derechos elementales de los trabajadores, como las prestaciones, vacaciones y el acceso a salud en el seguro social.

«Obviamente los empresarios no quieren comprometerse y deciden establecer relaciones de trabajo sin contratos, ni garantí­as para los empleados, y éstos se arriesgan a ser explotados», indicó.

Según Soto, es necesario reforzar el Código de Trabajo y presionar al Ministerio de Trabajo para que cumpla con la labor de supervisión de las leyes, especialmente en las fincas de los municipios más alejados de la urbanización, donde considera que se cometen una gran cantidad de violaciones a los derechos laborales.

El modelo más moderno de flexibilidad laboral y hasta aceptado por la legislación, es la figura de prestación de servicios por honorarios, en la que el trabajador no percibe beneficios adicionales como seguros, vacaciones y prestaciones, y adicionalmente se ve obligado a reportar impuestos adicionales.

El campesinado, principal afectado

Rafael Gonzáles, representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) estima que los regí­menes laborales que violan los derechos humanos han sido aceptados gradualmente por el Estado a través del tiempo y además intensificados con la aceptación de tratados comerciales internacionales.

«La explotación de los trabajadores ha sido un problema histórico que inició con la esclavitud durante la Conquista pero la situación ha empeorado porque la explotación está siendo aceptada por la sociedad», aseveró el sindicalista.

A criterio de González, el campesinado es el sector más damnificado por la flexibilidad laboral, ya que en la mayorí­a de centros de trabajo agrí­colas, los campesinos no devengan el salario mí­nimo.

Las campañas regionales contra los nuevos regí­menes laborales continuarán en ámbitos legales para impedir que se modifiquen.