La Unión de Naciones Suramericanas rechazó un proyecto de ley en el Congreso estadounidense que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
Usasur aprobó una resolución en la que reafirma «su convicción de que el diálogo que se está desarrollando entre el gobierno y sectores de la oposición es prioritario y necesario».
Además, en el documento rechaza «la iniciativa legislativa que persigue imponer sanciones unilaterales a funcionarios del Estado venezolano», por considerar que sería una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y socavaría los intentos de fomentar el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Se espera que la Cámara de Representantes someta a votación el miércoles el proyecto de ley bipartidista.
Los cancilleres sudamericanos suscribieron la resolución en las islas Galápagos de Ecuador, en donde sostuvieron dos días de reuniones entre jueves y viernes.
En la resolución aprobada la noche del viernes y divulgada el sábado, el bloque sudamericano señala que el proyecto legislativo estadounidense «vulnera el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, lo cual afecta negativamente este diálogo y es un obstáculo para que el pueblo venezolano pueda superar sus dificultades con independencia, en paz y democracia».
Los gobiernos de la región creen que aplicar sanciones a funcionarios venezolanos aumentaría las tensiones en el país sudamericano, amargamente dividido por la política, y tendrían un efecto contraproducente.
El proceso de diálogo es una iniciativa impulsada por Unasur para ayudar a solventar la crisis que enfrenta Venezuela.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el 20 de mayo un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas en contra de la inflación, el desabastecimiento y la creciente delincuencia.
Las movilizaciones han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General venezolana.
El proyecto de ley pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes de funcionarios venezolanos en territorio estadounidense.
Esta semana, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó como algo «realmente detestable» la acción de los legisladores estadounidenses y pidió a la coalición opositora que se una al gobierno en rechazo de las posibles sanciones.
Por su parte, el miércoles desde México, el secretario norteamericano de Estado, John Kerry pidió al gobierno de Venezuela honrar su compromiso de dialogar con la oposición para superar la crisis y confió que no sea necesario que Estados Unidos implemente alguna sanción contra la nación sudamericana.