Ayer por la mañana vino a La Hora el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para compartirme información sobre el proceso de compra de armas para la Policía Nacional Civil mediante el procedimiento de excepción, sistema que por muchas razones genera desconfianza en la opinión pública por los abusos que de ese mecanismo se han hecho en el pasado. De entrada hay que decir que el proceso de licitación no es, ni por asomo, garantía de transparencia y que legalmente hablando, la ley establece con claridad los 32 requisitos que, en teoría, debieran de procurar la probidad en adquisiciones realizadas mediante ese procedimiento.

En el caso concreto de las armas no se puede pensar en dotar a la policía o a cualquier fuerza de seguridad con el arma más barata del mercado; en todo el mundo, la fuerza pública define sus funciones y con base en las mismas determina la clase de armamento que requiere para su ejecución. Hay infinidad de armas en el mercado mundial pero no son muchas las que cumplen con una serie de requisitos que las hacen adecuadas para su uso en tareas preventivas o para enfrentar a grupos criminales que poseen alto poder de fuego.
 
 De las explicaciones que me dio el Ministro me llaman la atención algunos puntos que vale la pena destacar. El primero es que se compraron dos tipos de pistola semiautomática que son las más utilizadas en el mundo por fuerzas policiales. La pistola Pietro Beretta que inclusive es el arma oficial de las fuerzas armadas norteamericanas, y la pistola Glock que se considera como altamente efectiva en situaciones de combate pero carece de un dispositivo externo de seguro. Y de esas dos armas, creo que se obtuvo un precio mucho más que razonable, puesto que en cualquier armería del país esas dos pistolas no bajan de los once o doce mil quetzales, mientras que la compra que hizo el ministerio, directamente con los fabricantes, se logró con precios de Q 3,623.53 para la Beretta, y de Q. 3,426.78 para la Glock.
 
 En una licitación normal hubieran participado las armerías que operan comercialmente en el país y los precios que se hubieran ofertado seguramente andarían arriba de los del mercado porque generalmente así es como se opera en las ventas al Estado, en las que se carga siempre algún sobreprecio a los productos. En este caso estamos hablando de unos ocho mil quetzales de ahorro por pistola, lo cual es un montón de dinero.
 
 El otro punto que me llamó la atención es que desde el año 2005 ha habido 10 procesos de licitación fallidos, lo que se traduce en un déficit muy grande de armamento para los agentes. Se publicó que éstos tenían que dejar su arma para que fuera utilizada por su relevo, lo que impide un efectivo control del uso que se hace de las armas de fuego y elimina las ventajas del registro balístico.
 
 Actualmente la PNC opera con tres tipos de pistola diferentes, siendo estas la Jericó, la Beretta y la Glock, lo que se convierte en un problema táctico para las operaciones de la fuerza pública. Con la adquisición, dice el Ministro, se podrá uniformar el equipo de manera que en cualquier operativo, de darse el caso, entre los agentes se puedan ayudar compartiendo munición con mucha mayor facilidad.
 
 Creo que el factor del precio de compra versus el precio de mercado de las pistolas es sin duda alguna el más importante para hablar de si el negocio resultó conveniente o no. Desafortunadamente hemos visto tanto muerto acarreando basura cada vez que se hacen compras de excepción, que las dudas y suspicacias no son exageradas, pero me parece que en este caso se consiguió lo mejor a un precio absolutamente razonable.