En la actualidad, el mayor reto de la comunidad internacional es transformar el modelo de desarrollo generado desde la revolución industrial de finales del siglo XVIII con una orientación que reconozca las bases naturales de sustentación del progreso y sea capaz de incorporar los beneficios del desarrollo a millones de personas. Las sociedades también enfrentan las implicaciones socioeconómicas de la opulencia junto a la miseria, presencia de nuevas tecnologías a la par de una creciente demanda de alimentos, la insensata explotación de recursos naturales y la pobreza, junto a la desigualdad social y la desesperanza.
Guatemala asume hoy las consecuencias de un grave daño ambiental como consecuencia de la contaminación, basura, incendios forestales, tala de bosques, alteraciones del clima y especies en peligro de extinción, entre otros. Una nueva conciencia ecológica debe impulsarse para aprovechar la vitalidad de las riquezas naturales guatemaltecas. El desarrollo nacional requiere consolidar una política en materia de aprovechamiento de los recursos naturales con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población e impedir el agotamiento de los ecosistemas. El compromiso público de esa política es la convicción de impulsar las bases institucionales, políticas y sociales de la sustentabilidad, lo cual significa redefinir el proceso de producción de bienes y servicios. La sustentabilidad implica reestructurar las bases mismas del desarrollo teniendo como objetivo central al ser humano.
El potencial productivo de los recursos naturales debe dirigirse a erradicar la pobreza y pobreza extrema. Es necesario vincular ecología con desarrollo socioeconómico, manejar en forma sostenible los recursos naturales para mejorar la calidad ambiental; asimismo, desarrollar una política educativa nacional de protección y respeto a los recursos naturales para eliminar actitudes negativas hacia el ambiente. Estos factores no se pueden impulsar sin la unidad de los sectores de la sociedad guatemalteca con el propósito de trabajar juntos y lograr acuerdos para conservar la biodiversidad. No se trata de actuar a favor de unos y en contra de otros. Por el contrario, se persigue el beneficio colectivo.
En el diseño de políticas ambientales debe fomentarse la responsabilidad social, procesar consensos e informar a la sociedad para lograr un mayor compromiso en la creación de alternativas. En este contexto adquiere especial importancia el agua como un recurso vital para el desarrollo humano sostenible. Resulta evidente la necesidad de forjar una nueva cultura del agua con nuevos valores para garantizar su conservación y uso racional. Deben delimitarse los roles y competencias de los arreglos institucionales para la gestión por cuenca hidrográfica, apoyar la relación entre agua, ambiente y salud, así como adoptar la gestión integrada del agua como herramienta básica para equilibrar las necesidades con potenciales hídricas.
Para garantizar el suministro del agua, debe otorgarse prioridad al cuidado de los ecosistemas que naturalmente capturan, filtran, almacenan y liberan el agua, como ríos, lugares de tierras húmedas, bosques y suelos. De igual manera, concentrar esfuerzos para combatir la deforestación, desertificación y degradación de la tierra por medio de programas para promover el manejo sostenible de bosques y conservación de la biodiversidad. Los sistemas nacionales de agua son cada vez más vulnerables frente a los fenómenos hídricos extremos, entre ellos, la disminución de glaciares y sequías. Esta última realidad se refiere al fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido inferiores a los niveles normales registrados, causando agudos problemas hídricos y perjudicando los recursos de la tierra.
Para los objetivos ambientales vinculados con el crecimiento económico y el bienestar debe avanzarse hacia la internalización de los costos de servicios ambientales que hoy no se reconocen y, mediante el compromiso de hombres y mujeres en la defensa de su naturaleza, puede consolidarse una legislación para el reciclaje y disposición final de los residuos provenientes de la industria. La reglamentación debe incluir el control de la emisión de sustancias contaminantes. Se trata de combatir la cultura del desperdicio.
En Guatemala es fundamental impulsar una propuesta ambiental, cuya base se encuentre en el desarrollo económico sustentable, para aprovechar las potencialidades de la nación y anular la rapacidad mercantil de explotación irracional de recursos. Esta afirmación incluye fortalecer las relaciones con organizaciones guatemaltecas e internacionales relacionadas con la protección al medio biofísico y sociocultural, con el objetivo de apoyar acciones relativas a la protección del ambiente.
La participación ciudadana dentro del concepto de nación y no únicamente como una alternativa de participación política, se convierte en una forma de ampliar el marco de acción. En consecuencia, es indispensable fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil para lograr una gestión ambiental sostenible y socialmente útil.