Parecía que ya todo estaba resuelto en el año 2002, cuando ocurrió la histórica condena contra un militar de alto rango en un juzgado civil por el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack.

Pero aún faltaba una trama por desenredar. El 27 de octubre de 2005 el Gobierno de Guatemala reconoció la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de José Miguel Mérida Escobar, quien investigó la muerte de la académica.

Era el 5 de agosto de 1991. Alrededor de las ocho treinta de la mañana. En la 14 calle y 5ta avenida de la zona 1,  frente a un inmueble identificado con el número 5-23 y cerca del parque Concordia. Ahí, Mérida Escobar, investigador de la muerte de la antropóloga Myrna Mack, esperaba a su esposa. Ella había ingresado a su oficina a informar que  el oficial estaría ausente de sus labores por enfermedad.

Mérida trabajaba como jefe de la sección de homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la extinta Policía Nacional (PN), que se encontraba en el tercer nivel del edificio que actualmente ocupa la sede del Ministerio de Gobernación.

Minutos antes de arribar a la PN había avisado a sus compañeros que llegaría al recinto, lugar en el que también laboraban Alberto Encarnación Barrios Rabanales, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva, quienes según el MP sabían qué pasaría con Mérida momentos después.

Mientras aguardaba la llegada de su esposa en aquella esquina del centro de la ciudad, individuos bajaron de un carro y sin mediar palabra dispararon contra Mérida, quien cayó con el cuerpo marcado por varios impactos de bala a solo 100 metros de la PN. El automotor era un jeep del Ejército, declararon en su momento los testigos del hecho.

Mérida “fue ejecutado extrajudicialmente por elementos de fuerzas de seguridad del Estado Mayor Presidencial”, afirman la pesquisas del MP. Esto debido a la investigación que realizó por la muerte de Mack, la cual concluyó con la misma tesis a la que llegó en la indagación de la muerte de la académica: ejecución extrajudicial.

Días antes, el investigador acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, para denunciar que era víctima de amenazas de muerte. Ninguna de las entidades le prestó atención.

“He firmado mi sentencia de muerte”, declaró Mérida, al salir de rectificar su informe ante el Tribunal que conocía el caso de Mack. Concluía que Noel de Jesús Beteta Álvarez, miembro del Estado Mayor Presidencial, fue el autor material del crimen de Mack. Era el 26 de junio de aquel año, cuarenta días antes de su asesinato.

ENCUBRIR

Luego del ataque contra el investigador, Barrios Rabanales, López Aguilar y González Grijalva planearon la captura de dos personas para obligarlas a inculparse en el crimen del investigador y pudo ser cualquiera, afirmó el actual fiscal del caso Jorge García.

Los infortunados fueron Alfredo de Jesús Guerra Galindo y Gonzalo Cifuentes Estrada.

Cifuentes Estrada fue torturado y obligado a aparecer en un vídeo en el que confesaba haber asesinado a Mérida, esto en colaboración de Guerra Galindo, aduciendo una venganza personal y pasional.

Fueron llevados a la justicia y la principal prueba en su contra fue dicha grabación. Sin embargo, ambos fueron absueltos por un tribunal de sentencia que evidenció la manipulación y el encubrimiento de un grupo detrás de la ejecución de Mérida Escobar.

Fueron declarados inocentes y puestos en libertad. Esa libertad duró poco, ya que después Cifuentes Escobar murió por un disparo en la sien y Guerra Galindo desapareció en Villa Nueva.

El caso de la muerte de Mérida llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado de Guatemala, y solicitó que se investigara y que se diera respuesta a las siguientes preguntas:

¿Quiénes dieron muerte al investigador? ¿Quiénes obstruyeron la investigación de la verdad en esta muerte?

Recientemente el Juzgado Sexto del Ramo Penal ligó a proceso a los tres excompañeros de Mérida Escobar. Una fiscalía especial tiene dos meses para concluir las investigaciones del caso y presentar un informe de las pesquisas en contra de Barrios Rabanales, López Aguilar y González Grijalva, quienes se encuentran en prisión por ser sospechosos de delitos contra los deberes de la humanidad.

LAS PESQUISAS

El fiscal Jorge García reconoció que dentro de esta investigación se ha topado con muchos obstáculos, dentro de los cuales destaca que hubo obstrucción en la realización de las pesquisas.

“Se llegó a una solución amistosa con el Estado de Guatemala porque nunca hubo una voluntad de investigación de establecer el asesinato de Mérida Escobar”, señaló.

“Es asesinado por estructuras a las que no les convenía que hubiese un buen agente en la policía. Estamos hablando de un Estado antidemocrático (…) Él como persona y como trabajador del Estado cumplió con la función de establecer quienes tenían responsabilidad en el hecho y él las hizo llegar a sus autoridades y pagó la factura”, acotó.

En ese sentido, dijo que aún se investiga si el entonces Estado Mayor Presidencial tuvo responsabilidad en el caso. “Eso va ligado a la investigación que se haga y que vinculación tienen los responsables”, refirió.

“El Estado tiene responsabilidad en este caso –en la detención ilegal de Guerra Galindo y Cifuentes Estrada– porque al salir absueltos y pasar dos años detenidos, uno fue desaparecido y otro asesinado. Esto nos da como resultado de que hay una violación de las garantías individuales, porque los agarraron al azar para imputarles un delito”, explicó.

El fiscal expresó que los oficiales implicados en el caso no pudieron haber actuado por “espontaneidad”, ya que tuvieron que haber recibido órdenes, siendo agentes de la PN.

“Estas personas recibieron órdenes de alguien o de un grupo que ordenó el asesinato de Mérida Escobar y para desviar la investigación tuvieron que recurrir a estas personas para capturar a Guerra y Cifuentes. ¿Quién fue ese grupo? es lo que queremos averiguar”, concluyó.

LA ANTROPÓLOGA

Investigar la muerte de la antropóloga Myrna Mack y llegar a la conclusión de que fueron las autoridades del Estado Mayor Presidencial quienes estuvieron detrás de la investigación le costó la vida a Mérida Escobar.

En una entrevista con la Fundación Myrna Mack se recreó el contexto en el que se dieron las muertes:

“Corría 1990, el último año del primer gobierno civil encabezado por el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo de la Democracia Cristiana y también año electoral en el contexto de la “democracia tutelada” impuesta por los militares en el seguimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional y el Estado Contrainsurgente.

En enero Myrna había presentado el informe “Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala” producto de sus investigaciones y trabajo de campo. Por la importancia de los hallazgos y para profundizar en la temática, ella continuó trabajando para la elaboración de un segundo informe. En esa labor estaba cuando la asesinaron.

Años después de lo sucedido, los tribunales de justicia condenaron al especialista del ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez de ser el autor material del asesinato de Myrna.

La Fundación recordó que la sentencia quedó firme en 1994 cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación y dejó abierto el proceso contra el general Edgar Augusto Godoy Gaitán y los coroneles Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio.

Los dos primeros fueron absueltos y mientras que Valencia Osorio fue condenado a 30 años por ser el autor intelectual del asesinato de Myrna. VER RECUADRO: EL CASO MYRNA MACK.

Sin embargo, Valencia Osorio se encuentra prófugo de la justicia. Esto porque “logró librarse de su detención gracias a un operativo militar montado por sus compañeros frente a su casa para que pudiera escapar”, indicó la Fundación Myrna Mack.

La Fundación refiere que “la lucha para investigar, juzgar y sancionar a todos los militares responsables de este brutal asesinato –tanto materiales como intelectuales– se ha convertido, en el ámbito nacional, en paradigma de los principales problemas que presentan los casos penales por violaciones a los Derechos Humanos en la administración de justicia de Guatemala”.

Esto porque fue “el primero en juzgar a militares de alto rango en tribunales civiles, lo que implicaba enfrentar con éxito dentro del sistema de justicia al poder estatal más fuerte que existía en la época, el sistema de inteligencia militar. Y también ha sido considerado paradigmático, porque en su desarrollo se develaron situaciones que entorpecían los avances que se iban teniendo en la administración de justicia penal por los crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado interno”.

En este sentido, la Fundación manifestó que las altas autoridades que estuvieron involucradas en el asesinato de Myrna Mack ya fueron sometidas a juicio, por ende en el caso Myrna Mack no hay investigaciones pendientes para llegar a altas autoridades porque ya es un proceso agotado y que incluso tiene sentencia firme. 

El único cabo suelto en el caso es la captura de Valencia Osorio para dar cumplimiento a la sentencia.

LA IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), opinó que la muerte de Mack evidenció la existencia dentro del Estado Mayor Presidencial de estrategias para vigilar y ejecutar a las personas que podrían significar un riesgo o una oposición al sistema.
 
La ejecución del investigador Mérida Escobar fortalece el sistema de justicia de Guatemala. Además, sienta un precedente para la historia del país, afirma Rodenas.
 
Que el caso resurja ahora, expone que había pocos interesados en que existiera una investigación.
 
Para Rodenas el trabajo del MP es positivo a pesar de muchos obstáculos que se han encontrado en la investigación; y pesar de eso, la fiscalía muestra interés por esclarecer los hechos sobre el asesinato de Mérida, que investigaba la muerte de Mack.

Por su parte, Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), manifestó que los dos asesinatos evidencian la existencia de “una especie de limpieza, en relación a aquellos actores que podrían tener información delicada sobre las políticas de la época, las contrainsurgentes”.

“Es importante esclarecer este caso porque la historia del país necesita tener claro este tipo patrones de seguimiento, ejecución y desaparición de aquellos que podrían tener información privilegiada sobre las arbitrariedades del Estado que se cometían en aquella época”, subrayó. 

Además, acotó que es importante para que se cumpla el principio de no repetición, “porque si estos hechos no salen a luz, entonces la historia nunca los va a conocer, y nunca se va a tener como llamado de atención de que este tipo de estructuras lo único que hacen es destruir la creencia en un estado real que proteja los derechos de los ciudadanos”.