Trabajar en una sala de redacción es más difícil de lo que parece cuando no hay una estrategia coherente y efectiva en las instituciones oficiales sobre cómo relacionarse con los medios de comunicación, y aunque eso supone un verdadero dolor de cabeza para los periodistas, también implica un menoscabo del derecho a la información para la ciudadanía.
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La mayoría de medios de comunicación en Guatemala funcionan como empresas privadas, pero deben (o deberían) funcionar como un puente de comunicación entre las autoridades y los principales actores sociales con el resto de la población, y es por eso que su papel es fundamental en una democracia participativa.
El trabajo de los medios consiste entonces en informar a la población y darle herramientas para que tome decisiones, así como abrir espacios para que participe y opine. Sin embargo, conseguir el primer objetivo es cada vez más difícil cuando el Gobierno cierra los canales de información o los obstaculiza.
En la mayoría de dependencias no hay un vocero que emita declaraciones para los medios de comunicación y se delega esa importante responsabilidad a los ministros, secretarios y a los altos funcionarios del Estado, a quienes solo se les puede contactar cuando programan una actividad pública o tienen un espacio libre en su agenda, lo que no ocurre con frecuencia.
Cuando se consigue un espacio libre en las agendas, no es raro que antes de entrevistar a un funcionario, su “equipo de comunicación” exija al periodista un cuestionario con las preguntas que se van a formular, como una condición para asegurar una respuesta por la vía electrónica.
Se entiende perfectamente la necesidad de preparar la información para difundirla en los medios, pero no es aceptable que la comunicación se reduzca a un intercambio de mails, y se deje de lado el interrogatorio y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Otro problema fundamental es el desconocimiento de muchos comunicadores sobre las atribuciones de una oficina para la prensa y las responsabilidades de una oficina de acceso a la información pública.
Los periodistas debemos recurrir con frecuencia a las oficinas de acceso a la información para conseguir declaraciones o datos que deberían facilitar los comunicadores sociales, quienes en su mayoría no tienen claro cómo gestionar sus despachos, y solo dificultan que la población se entere del acontecer nacional.
Sin embargo, el principal obstáculo es la discrecionalidad y arbitrariedad con la que se reservan las informaciones y se elude los requerimientos de los medios de comunicación, al punto que las instituciones pueden hacer esperar a un periodista durante varios meses para entregar la información que solicitan.
El caso más claro que tengo en mente es la solicitud de información que hicimos hace ya varios meses desde La Hora al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sobre la situación de la red vial del país y que se ignoró sin dar explicación alguna al periodista que la solicitó, aunque tenemos muchas experiencias similares con otras dependencias.
Ojalá que las instituciones, por su propio bien y por el derecho a la información de los guatemaltecos, comprendan la importancia de la comunicación social y de la relación con los medios.