Josué Rafael Orellana se fue de su vecindario pobre en Honduras siendo adolescente para escapar de lo que comenzó como burlas a sus discapacidades y terminó en amenazas de muerte si no se plegaba a una pandilla, según su madre. Llegó ilegalmente a Nueva Jersey para vivir con su madre y solicitó asilo polí­tico, aduciendo que si lo obligaban a volver a su paí­s, serí­a asesinado por las pandillas. Le negaron el asilo, fue deportado en el 2010 y el año pasado murió acribillado. Tení­a 20 años.

Su familia quiere ahora que se le conceda el asilo en forma póstuma. Su abogado, Joshua Bardavid, dice que la idea es obligar a que el gobierno estadounidense admita que «el sistema le falló» a Orellana y llamar la atención a los suplicios de miles de adolescentes centroamericanos que enfrentan dilemas parecidos.

El caso, por otro lado, echa leña al fuego de un debate acerca de si Estados Unidos deberí­a ampliar las razones por las cuales se puede considerar un pedido de asilo e incluir formas más modernas de conflicto, como la violencia de las pandillas.

Para recibir asilo, el solicitante debe demostrar que están bien fundados y documentados sus temores de que es ví­ctima de persecución sea por su raza, religión, nacionalidad, opinión polí­tica o afiliación con un grupo social en particular. Debe demostrar asimismo que el gobierno o la autoridad de su paí­s no está dispuesta a protegerlo o es incapaz de hacerlo.

El juez de inmigración Frederic Leeds, de Newark, consideró que los argumentos de Orellana eran verosí­miles, pero que no habí­a suficientes pruebas de que él y su familia estuvieran marcados por las pandillas. E incluso si las hubiese habido, no existe precedente legal para relacionar «el concepto de la unión del grupo familiar con el concepto de unirse a una pandilla», escribió el juez.

Si bien la ley no considera que la amenaza de ser reclutado por una pandilla esté comprendida en la definición de un grupo social protegido, algunos creen que deberí­a abarcarla, manifestó Dana Leigh Marks, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

«Están los que dicen que la ley que rige los asilos es anticuada y debe ser modernizada y los que creen que es un mecanismo limitado que no tiene como propósito resolver todos los problemas ni permitir que todos sean aprobados», agregó.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados —el organismo responsable de proteger a los refugiados y los solicitantes de asilo de todo el mundo— difundió un memo en el 2010 en el que instó a los tribunales a que amplí­en las interpretaciones de las leyes del asilo y consideren que las ví­ctimas de pandillas organizadas merecen protección si sus casos satisfacen todos los otros requisitos legales.

Quienes se oponen a la expansión de los criterios para la concesión del asilo dicen que podrí­a agregar una nueva carga a un sistema de inmigración que ya está desbordado.

«No hay lí­mites para las categorí­as que se podrí­an añadir siguiendo nuestros parámetros», sostuvo Steven Camarota, director de investigaciones del Centro de Estudios de Inmigración, organismo con sede en Washington que promueve mano dura con las personas que están ilegalmente en el paí­s y estima que el asilo y los demás aspectos de las leyes de inmigración deben ser decididos por el Congreso nacional, no por los tribunales.

«Podemos llegar a la conclusión de que en algunos paí­ses las mujeres no son bien tratadas, comparado con nuestros parámetros, pero ¿se puede decir que, si no son bien tratadas, pertenecen a un grupo social particular?», preguntó Camarota.

Ricardo Estrada, ministro consejero de asuntos migratorios de la embajada de Honduras en Washington, dijo que no está al tanto del caso de Orellana, pero que «es probable que esta historia sea cierta, porque todo apunta en esa dirección».

«Lamentablemente, nuestro paí­s atraviesa por una crisis de violencia», declaró Estrada a la Associated Press en una entrevista. «El problema es enorme. La inseguridad es un tema que debe abordar el gobierno, pero es un gran reto para un gobierno que tiene pocos recursos comparado con los de los narcocarteles, que a menudo tienen mejores armas que la policí­a».

Los investigadores, insistió, tienen una enorme cantidad de investigaciones de homicidios pendientes y pocos recursos.

Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, según un informe de las Naciones Unidas del 2011, que habla de 6.200 asesinatos, u 82,1 por cada 100.000 habitantes, en el 2010.

Este mes el Cuerpo de Paz de Estados Unidos retiró todos sus voluntarios de ese paí­s, aduciendo temor por la inseguridad reinante. El gobierno estadounidense aceptó la semana pasada enviar un equipo de expertos para ayudar al gobierno hondureño con «cuestiones relacionadas con la seguridad de la ciudadaní­a».

En una presentación hecha en diciembre ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, Bardavid adujo que Orellana, al ser muerto a tiros luego de su deportación, satisface el requisito de que un solicitante de asilo debe demostrar que sufrirá daños irreparables si es enviado de vuelta a su paí­s.

«Creo que hay que reconocer algo: que le fallamos, que vino en busca de seguridad y el sistema entero le falló», expresó el abogado.

Kathryn Mattingly, de la Executive Office for Immigration Review, que supervisa la Junta de Apelaciones, dijo que ese organismo no comenta casos que no han sido resueltos.

La madre de Orellana, Josefa Rafaela Garcí­a, vive legalmente en Estados Unidos, al amparo de un programa que permite a los inmigrantes de ciertos paí­ses vivir y trabajar en Estados Unidos con una visa restringida. Dijo que las pandillas mataron a su hijo, el más joven de sus cuatro vástagos.

Orellana habí­a sido marcado desde pequeño, desde cuando perdió un ojo y parte del sentido auditivo tras ser golpeado por un árbol durante el huracán Mitch, que devastó Honduras en 1998, manifestó Garcí­a. Ella trabajaba cuidando personas enfermas en las casas de éstas y enviaba dinero a su paí­s para mantener a sus hijos y para comprarle un ojo de vidrio a Josué.

La mujer dijo que, con el correr de los años, su hijo la llamaba a menudo para decirle que las pandillas que controlaban su barrio en San Pedro Sula lo estaban persiguiendo y amenazando, tratando de reclutarlo. La situación se tornó tan mala que el joven huyó, desoyendo los consejos de la madre. Cruzó solo la frontera a los 17 años para irse a vivir con ella en Nueva Jersey.

En una audiencia judicial en julio del 2009, el juez le preguntó a Orellana por qué, si habí­a sido agredido muchas veces por las pandillas, nunca habí­a hecho una denuncia ante la policí­a.

«Como he dicho, uno llama a la policí­a pero la policí­a tiene miedo de ir al barrio donde viví­a», respondió Orellana.

La decisión de Leeds fue avalada por un tribunal de apelaciones y Orellana fue deportado en marzo del 2010. Desapareció el 23 de julio del 2011, tras decirle a su abuela que iba a una tienda, según cuenta su madre. Su cadáver apareció tres dí­as después en una zona boscosa, de acuerdo con un informe publicado por el diario hondureño La Tribuna.

«Como madre, como cristiana, digo que mi hijo no estaba involucrado con las pandillas; nunca llevó consigo ni siquiera un cortaúñas», declaró la mujer, llorando mientras sostení­a una foto de su hijo. «Si no lo hubiesen deportado, hoy no estarí­a muerto».