Los cuatro ex agentes de la Policí­a Nacional Civil (PNC), que se encontraban recluidos en la cárcel El Boquerón en febrero último, sindicados de la muerte de cuatro ciudadanos salvadoreños, pudieron ser contratados para matar, según afirmó el fiscal a cargo de las investigaciones del caso.

Alfredo Solórzano, fiscal de delitos contra la vida de la región de Santa Rosa, declaró que una posible hipótesis del cuádruple asesinato es que a los ahora implicados «alguien les pagó por asesinar a los policí­as», subrayó.

Solórzano enfatizó que, el Ministerio Público (MP) sigue investigando ya que hasta ahora la fiscalí­a no ha determinado quién pudo pagar para eliminar fí­sicamente a los cuatro ex policí­as. «Se trata sólo de una hipótesis porque no se puede probar», y añadió: «no nos podemos aventurar a decir quién lo hizo (pagar por el crimen) porque pudo venir de muchos lados».

Una de las preguntas que surgió tras el crimen fue la razón por la que, los ahora fallecidos, no permanecieron en prisión en el preventivo de la zona 18, sino fueron trasladados hasta Cuilapa, Santa Rosa, donde se ubica El Boquerón. Posteriormente al crimen, se manejó la hipótesis que un escuadrón habí­a ejecutado a los ex policí­as o que la causa de la muerte pudo ser un motí­n de reos, sin embargo el MP no sabe aún qué motivó la ejecución.

Actualmente son procesados en éste caso trece pandilleros y siete guardias del Sistema Penitenciario (SP), quienes fueron acusados por cuatro asesinatos; tres civiles más, quienes aparentemente ingresaron las armas al reclusorio enfrentan proceso por asociaciones ilí­citas y portación ilegal de arma de fuego. Son dos los procesos abiertos por el crimen contra los cuatro ex policí­as.

En el caso de los miembros de las maras, falta que el tribunal de Santa Rosa señale audiencia de ocho dí­as para presentar pruebas, resuelva y posteriormente señale fecha para el inicio del debate oral y público.

En cuanto al proceso contra los siete policí­as, se encuentra pendiente de resolver un amparo planteado por el MP en contra de la jueza que conoció el caso en primera instancia, la cual reformó los delitos.

La Sala Regional de Jalapa se excusó de conocer dicho amparo, argumentando que los miembros de la misma se encuentran amenazados de muerte. La fiscalí­a espera que el pronunciamiento de la sala sea analizado por la Corte Suprema de Justicia quien decidirá si procede o no dicha acción y emitió un memorial donde rechaza la acción de la misma.

Los cuatro ex agentes de la Policí­a Nacional Civil asesinados fueron: Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez, aprehendidos horas después de la muerte de los tres diputados al Parlacen.