El próximo domingo se cumplirán 69 años de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, un acontecimiento político de particular trascendencia que puso fin a las prolongadas dictaduras establecidas en Guatemala, representantes de los intereses de la burguesía agropecuaria esencialmente vinculada al cultivo y exportación del café.
Algunos estudiosos del tema le niegan el carácter de revolución por haber dejado intactas las estructuras del Ejército y de los terratenientes, dos de los principales factores de poder político y económico en el país. El sociólogo francés Yvon Le Bot, señala que los objetivos de ese movimiento no eran la destrucción del Estado burgués, sino solo el impulso de modestas reformas como las de edificar un Estado moderno y convertirlo en promotor del capitalismo nacional.
El intelectual Manuel Galich, quien fungió como Ministro de Educación durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo, dijo en una ocasión que la Junta Revolucionaria de Gobierno adoptó medidas drásticas, justas y necesarias, pero no suficientes para dar al movimiento un verdadero carácter revolucionario.
Explicó que los gérmenes de la reacción que posteriormente se pondrían al servicio de la invasión armada de mercenarios organizada y financiada por Estados Unidos en 1954 para destruir el proceso de transformación del país encabezado por el presidente Jacobo Árbenz Guzmán, entonces sí revolucionario, quedaron vivos. Por estas y otras razones, algunos analistas opinan que la Revolución de Octubre fue una revolución inconclusa que ahora hay que rescatar.
Aun con las críticas, ahora se admite que el movimiento del 20 de Octubre representó en Guatemala, el único experimento verdaderamente democrático desde la mal llamada independencia de 1821.
La Revolución de Octubre, introdujo importantes cambios en el país como por ejemplo la abolición del trabajo obligatorio para los indígenas.
También concretó avances significativos en materia social, que beneficiaron a los indígenas y no indígenas como la aprobación del Código de Trabajo, que estableció la jornada de trabajo de ocho horas diarias, el salario mínimo, el pago del séptimo día, días de asueto, pago de vacaciones, pago de indemnización por despido injustificado, suscripción de contratos de trabajo individuales y colectivos, así como el reconocimiento del derecho de huelga.
También hay que destacar las acciones contra las empresas transnacionales, que tal como lo hacen en la actualidad, se dedicaban al saqueo de las riquezas del país. Fueron esas acciones las que sirvieron de pretexto para el derrocamiento en 1954 del presidente Árbenz, con el cual terminó la primavera democrática inaugurada en 1944, marcando el regreso al poder del Estado de la oligarquía nacional y extranjera, que es la que desde entonces mantiene secuestrado al país.