La caracterización de todo Estado está definida por los instrumentos, los ví­nculos y las normas que se desarrollan en el seno de su respectiva sociedad, de tal manera que es ésta la que da forma, la que dicta cómo es el Estado del cual forma parte. Cabe resaltar entonces que dentro de los elementos constitutivos del Estado, la población en general y la sociedad como un todo estructurado de esa población son, además del territorio los más importantes.

El Estado de Guatemala se conformó de espaldas al pueblo. El acto de independencia no fue más que un arrojo de despliegue de los poderosos de entonces, que dejaron de ver a España como el destino de sus tributos, pero que en nada cambiaron en las relaciones de producción y explotación de las mayorí­as. La primera gran reconfiguración del Estado y su andamiaje de normas, que se efectuó a partir de la Revolución Liberal de 1871, no hizo sino acentuar las relaciones de exclusión, discriminación y dominio de unos pocos contra la mayorí­a.

El salto que se produjo en 1944 fue notable. Lastimosamente para el pueblo guatemalteco, el proceso fue abortado gracias a la intervención norteamericana y surge así­, en 1954 la primera gran atrofia que altera cualquier consideración de estudio real sobre el cómo deberá ser la conformación de un Estado como el guatemalteco: surge, digo la presencia dominante de los denominados «poderes fácticos».

La Constitución Polí­tica promulgada en 1985, el Acuerdo de Paz (que aglutina a todos los acuerdos) suscrito once años más tarde, en 1996, son dictados unos, propuestas otras, que se han topado con dos grandes barreras: un sistema legal atrofiado y que obstaculiza, y una población que la han vuelto indiferente a fuerza de tantos golpes perpetrados en el marco del conflicto armado interno y como resultado de una fragmentación de la que aparentemente no podemos salir.

Se ha dicho hasta la saciedad que desde la óptica sistémica, es decir desde la visualización de todos los sistemas en su conjunto: el judicial, el de representación, el normativo, el económico, el polí­tico, el social, el tributario, etc., están colapsados. Unos más, otros menos. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo iniciar un proceso de reconstrucción sin detener lo cotidiano? ¿Cómo encontrar los puntos de coincidencia, los argumentos convergentes y persuasivos para efectuar una obligada revisión que nos permita no sólo reorientar el rumbo, sino encarar y vencer los tantos desafí­os en los que está inmersa la sociedad guatemalteca y de los que evidentemente el Estado, no tiene capacidad de respuesta? El asunto entonces no es exclusivo de gobierno alguno. Es de todo el conjunto. De todos nosotros.

Los crí­menes continúan. La desnutrición no se detiene, tampoco la narcoactividad. El clima se deteriora. La población con hambre está en aumento. La depredación de nuestros recursos naturales está en aumento. La percepción de inseguridad es creciente. La sensación de vací­os institucionales a todos afecta. La educación no supera esos casi absurdos ejercicios de técnicas de memoria, no nos ensaña a discernir, a pensar, a construir, a proponer. ¿Cómo comenzamos?

Si la ruta del denominado Sistema Nacional de Diálogo, con sus diferentes mesas temáticas, no plantea en el corto plazo un conjunto de acciones para hacer la reconstrucción del Estado de Guatemala sobre la marcha del desenvolvimiento de todas las actividades propias de las sociedades contemporáneas, seguiremos dando vueltas para llegar a ninguna parte.