El Gobierno abandonó la idea de modificar el Impuesto Sobre la Renta porque el sector empresarial había advertido que impugnaría en la Corte de Constitucionalidad las propuestas que había elaborado el Ministerio de Finanzas y en vez de ello se decidió por cambiarle nombre a lo que queda del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz para darle carácter permanente bajo el concepto de Impuesto de Solidaridad.
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En otras palabras, la parte medular de la reforma fiscal que será enviada al Congreso la semana próxima, si es que al fin se cumple con lo tantas veces anunciado, estará centrada en la garantía de que el Estado seguirá percibiendo el ingreso de ese impuesto que fuera creado como algo temporal y extraordinario. Todos los gobiernos han dicho que lo eliminarán, pero al final de cuentas con algunas variantes y modalidades distintas, todos terminan por extender su vigencia y el gobierno de Colom ya anunció que el cambio más importante es que dejará de tener el nombre de temporal para convertirlo en una fuente permanente de ingresos.
El sector privado organizado ya manifestó su complacencia por la decisión de eliminar las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta y las otras que daban a la propuesta del Ejecutivo la característica de reforma fiscal, puesto que ahora simplemente lo que han dejado es el reacomodo casi semántico de la situación con el cambio de nombre al IETAAP que pasará a llamarse ISO y que dejará de tenerse que renegociar y reaprobar cada cuatro años, como había establecido ya la costumbre generalmente observada.
En ese sentido puede considerarse que el primer pulso entre el Ministerio de Finanzas Públicas, dirigido por el técnico que ha realizado los más amplios estudios sobre la debilidad del sistema fiscal de Guatemala, y el empresariado nacional se resolvió a favor del poderoso sector privado organizado que nunca ocultó su desacuerdo con las ideas que fueron expresadas por el grupo promotor del pacto fiscal como una reforma absolutamente necesaria para la modernización del país y para darle sustento a la inversión social que propicie desarrollo.
Cierto es que la coyuntura económica mundial y sus efectos sobre la situación de Guatemala, debilitó la posición negociadora del Gobierno porque siempre se dijo que no era el mejor momento para hablar de una reforma fiscal cuando la economía podría entrar en etapa de recesión. La verdad es que nunca será buen momento para hablar de reformas fiscales porque la resistencia local es tan fuerte que siempre lo imposibilita.
Sin embargo, y pese a que ahora Gobierno y empresarios parecen haber caído en la misma sintonía, queda pendiente la asignatura crucial que tiene que ver con la mejora de la calidad del gasto y la implementación de efectivos mecanismos de control. Si bien es cierto apenas se evitó el hoyo fiscal de la ausencia del IETAAP, no hay que dejar pasar la oportunidad para que se amarre todo a la calidad del gasto y la fiscalización. ¿Será que algún partido de oposición se decide a ponerle el cascabel al gato?