Con una «lista negra» vacía y una «lista gris» que se va reduciendo poco a poco, los países del G20 podrán congratularse en la cumbre de Pittsburgh de su campaña contra los paraísos fiscales, si bien la muerte del secreto bancario dista de ser una realidad.
A comienzos de abril, en su reunión en Londres, los líderes de las veinte principales economías industrializadas y emergentes del planeta emprendieron una ofensiva contra estos «agujeros negros» de las finanzas por los que transitan cada año cientos de miles de millones de dólares, lejos del alcance de las administraciones fiscales.
A raíz de esa cumbre se publicaron nuevas listas de «jurisdicciones no cooperativas». Seis meses después, los avances son indiscutibles.
Plazas financieras de primera fila conocidas por su opacidad, entre ellas Suiza y Singapur, se comprometieron a colaborar y se aplicaron en firmar las 12 convenciones de intercambio de información fiscal necesarias para salir de la «lista gris».
Ocho países, entre ellos Bélgica y Luxemburgo, han salido así de esa «lista gris» de países comprometidos con las normas de la OCDE sobre el intercambio de información fiscal, pero que aún no han implementado los 12 acuerdos bilaterales necesarios para pasar a la «lista blanca».
«Las decisiones de los dirigentes no siempre surten efecto, pero en este caso los resultados son extraordinarios», asegura Pascal Saint-Amans, experto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en primera línea en la lucha contra los paraísos fiscales.
Según esas convenciones, los centros «off-shore» ya no podrán ampararse en el secreto bancario para rechazar una demanda de información sobre un contribuyente o una empresa sospechosos de evasión fiscal.
«Se ha creado una dinámica», según Daniel Lebí¨gue, de la ONG Transparencia Internacional. A modo de ilustración, Estados Unidos consiguió recientemente que el banco suizo UBS le entregara los nombres de 4.450 personas sospechosas de fraude fiscal. Francia obtuvo una lista de 3.000 titulares de cuentas suizas.
¿Significa eso que la era del secreto bancario se ha terminado, como proclamó el G20? Quizá sea demasiado pronto para afirmarlo. Los acuerdos de intercambio de información aún no han entrado en vigor, y su aplicación podría traer algunas sorpresas.
Para ser aceptadas, las solicitudes de información deben ser «pertinentes», y algunos países, como Suiza, reclaman incluso que en ellas figuren los nombres de los bancos.
Esos tratados «no son muy eficaces» y sólo «un intercambio de información automático» puede hacer avanzar las cosas, sostiene Richard Murphy, del gabinete Tax Research, en Norfolk (Inglaterra). «El intercambio a la demanda deja demasiado espacio a los paraísos fiscales», critica Maylis Labusquií¨re, de la ONG Oxfam.
Además habría que «exigir a las multinacionales que desvelen sus actividades» en los territorios que no cooperan, abunda Raymond Baker, del Global Financial Integrity Programme, una ONG de Washington, que teme que el impulso dado por la comunidad internacional se quede en papel mojado.
En cualquier caso, la determinación de los Estados parece intacta. Y por un motivo perentorio: en tiempos de crisis económica y con unas arcas cada vez más deficitarias, los gobiernos no están dispuestos a que el dinero de los contribuyentes se les escape.