A veces me asaltan serias dudas acerca de que si vale la pena persistir en publicar artículos que contienen reclamos, denuncias, solicitudes o  exigencias a funcionarios de Estado que están en preeminencia, porque todo mueve a pensar que las sugerencias y las críticas les resbalan y desde sus alturas transitorias proceden con arrogancia y desdén.

El caso más paradigmático es el de los diputados, que si entre sus fatigosas tareas se tomaran un poco de su tiempo para leer comentarios de los lectores de las columnas de opinión, que envían a los portales cibernéticos de los diarios, podrían percatarse del repudio de la casi totalidad de guatemaltecos que tienen acceso a esos sitios en los cuales expresan su ira y frustración, a causa de los parlamentarios que se resisten a discutir y promulgar la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito.
 
Pero la problemática del país es mucho más grave y abarca variados ámbitos de la vida nacional. Se quedaron en el olvido las promesas del presidente Otto Pérez Molina cuando era candidato al cargo que ostenta, quien afirmó que exigiría que las empresas mineras pagaran no menos del 30 % de sus regalías, y ahora por poco les regala amplias áreas para que las exploten a su antojo, al extremo vergonzoso de que las mismas transnacionales tendrán un representante en el consejo consultivo que dictaminará si se autoriza o no el funcionamiento de minas.
   Adicionalmente, como si esa gratificación no fuese lo suficientemente impúdica, el proyecto presentado por el titular del Ministerio de Energía y Minas contempla que las comunidades afectadas por la explotación de sus recursos naturales no tendrán derecho de opinar, porque se eliminan las consultas populares. ¡Que retroceso más ingrato, vil y despreciable!
 
Las empresas extranjeras de energía eléctrica persisten en sus cobros exorbitantes, afectando las precarias economías de la clase media y lesionando  aún más la pobreza de los grupos abandonados a su suerte, como los son las familias de indígenas y jornaleros.
  
Por su parte, la Ministra de Educación impone sus decisiones de manera impertinente, autoritaria y unilateral, impropia de una persona que está al frente de una cartera que por sus características debería ser baluarte del derecho a disentir; pero ella procede cual ignorante comandante de un cuartel militar en tiempos de Ubico, en tanto que adolescentes, jóvenes, padres de familia y maestros protestan vanamente, siendo objeto de represiones y atropellos.
  
Algunos pocos columnistas pretendemos defender los derechos de los pusilánimes compatriotas, cuya mayoría permanece indolente, y ante esa generalizada apatía mejor opto por silenciar mi voz contestataria por un tiempo prudencial, que aprovecharé para tomar cortas vacaciones y dedicar este espacio a asuntos menos escabrosos.
  
Por lo menos mientras me encuentro fuera del país alejado de tanta perversidad y apatía.
   (El subversivo Romualdo Tishudo me alienta al citar los versículos 8 y 9 del capítulo 31 de Proverbios:-¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! ¡Defiende a los pobres y necesitados!).