Preocupados por la objetividad en el análisis sobre el negocio entre la Empresa Portuaria Quetzal y la firma española que se hizo con un usufructo que le permite operar como terminal para el manejo de los contenedores, solicitamos la opinión profesional del licenciado Carlos Molina Mencos, abogado sumamente acucioso a quien le tenemos gran estima profesional y personal.
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Hoy publicamos un reportaje con algunas de las principales observaciones que ese jurista hace al negocio jurídico y creo que el Presidente de la República haría muy bien en leerlo detenidamente porque es un enfoque distinto al que le han dado sus asesores y la gente que él nombró, evidentemente, con la consigna de realizar el negocio.
Al Presidente le han vendido la idea, que él compró al cien por ciento, de que se trata de un usufructo y que se han observado todos los preceptos legales, pero se le ha pasado por alto que los mismos negociantes, es decir los encargados de hacer el negocio, se recetaron sus propias normas para hacer más fácil, expedito y “legal” el usufructo que encubre lo que es en el fondo una concesión para que una firma extranjera preste servicios portuarios utilizando los bienes del Estado de Guatemala.
Quiero hacer hincapié en el detalle que Carlos Molina Mencos plantea sobre cómo es que el 9 de mayo de este año la Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento del Puerto Quetzal define un área y planos de localización que luego sirven de base a la solicitud que, motu proprio, hace la firma española para que le otorguen el usufructo. En la fecha en que los técnicos del puerto definen el área que servirá para la terminal de contenedores que darán en usufructo, no se había constituido la sociedad que luego sale beneficiada y, sobre todo, es claro que nunca hubo una invitación pública para que se hicieran ofertas, sino que es evidente que alguien desde adentro de la portuaria informó a los españoles de los planos y del área a dar en usufructo, porque es la única explicación para que ellos acudieran a pedir exactamente lo que se había planteado en el diseño. En otras palabras, el simple traslado de información privilegiada demuestra claramente cómo funciona el tráfico de influencias que ahora ni el Presidente ni los diputados quieren regular como debe ser.
El Presidente ha ordenado que inviten a una reunión para hablar de los mitos y realidades del Puerto Quetzal. No es una reunión para conversar sobre las anomalías, sino para hablar de mitos y realidades, entendiendo que mitos son todo lo que dicen los ajenos al negocio y realidades todo lo que sostienen los que lo hicieron. Desde nuestra perspectiva es todo lo contrario y los que viven en medio de mitos y fantasías, como la de llamar usufructo a una concesión, son los que han embaucado al Presidente y el mismo mandatario que se casó sin dudas ni inquietudes con el criterio de quienes hicieron el contrato, emitieron las normativas del usufructo y contactaron privadamente con la firma española para darles toda la información necesaria para que ellos pidieran lo que en forma acelerada, inusual en toda la administración pública, se les terminó otorgando con creces.
Y de ajuste resulta que si la Portuaria va a pagar IUSI, como se pactó en el contrato, tendrá que utilizar más de la mitad del producto de la renta para cubrir esa obligación fiscal, es decir que su ventaja económica es prácticamente inexistente en una operación que por un cuarto de siglo permite la operación privada del puerto para recibir los contenedores.
El argumento de que urgen los trabajos del puerto es cierto, pero eso no es excusa para que se hagan las cosas a rajatabla y de la forma secreta en que lo hicieron.