El alto el fuego anunciado por la organización separatista ETA podría consolidar la mejora del turismo del País Vasco pero su impacto global sobre la economía de esta región del norte de España es incierto ya que, según los expertos, las extorsiones a los empresarios continuarán.
«El terrorismo es un riesgo, primero personal, de sufrir un atentado, también a nivel empresarial, que los terroristas te extorsionen», resume Javier Gardeazábal, profesor de la universidad del País Vasco, coautor de un estudio sobre el costo económico del terrorismo.
Los turistas no esperaron a un cese el fuego para regresar a la región: lo habían hecho ya alentados por la ausencia de atentados desde hace un año.
Así, en julio recibió a 257.133 visitantes, 11,8% más que ese mismo mes de 2009, según el instituto vasco de estadística Eustat, un récord histórico.
«La tranquilidad de ver las calles limpias de apología del terrorismo ayuda», estimó recientemente Isabel Muela, directora de Turismo del gobierno autónomo vasco.
Desde su llegada al poder en la región en 2009, los socialistas vascos se afanaron en limpiar los grafitis y carteles que ensalzaban a ETA y a sus militantes encarcelados.
«Una disminución de la actividad terrorista favorece el clima de los negocios», destaca Mikel Buesa, profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid.
Pero las empresas dudan de que vayan a sacar provecho de ello.
La confederación patronal vasca Confebask consideró «decepcionante» la declaración del domingo de ETA, por no mencionar «la renuncia expresa al mantenimiento de cualquier tipo de amenaza, chantaje o extorsión».
En este mismo sentido, las cámaras de comercio vascas Eusko Ganberak resaltan que «no se recoge en ningún momento que cesen también las acciones contra las empresas» ni las «presiones, chantaje y acoso a los empresarios».
«En ninguna de las treguas anteriores, la extorsión paró», recuerda Buesa.
La extorsión a los empresarios vascos y navarros, el llamado «impuesto revolucionario», es la principal fuente de ingresos de ETA, cuyo estandarte político Batasuna se ha quedado sin subvenciones públicas desde que fue declarado ilegal en 2003.
Según Buesa, «en el primer semestre de este año, la extorsión ha sido más intensa que en el año pasado, unos 3,1 millones de euros», frente a los 3,6 millones de todo el 2009.
En su opinión «ETA está en una pésima situación financiera: necesita en torno a los 5-6 millones de euros al año, sólo para pagar la nómina de sus militantes (unos 300) y sus 750 presos».
Este clima mina la confianza de las empresas y la economía vasca paga las consecuencias.
«Entre el comienzo de los atentados terroristas, en los años setenta, y los años 2000, en media la pérdida económica para el País Vasco por la existencia del terrorismo fue de 10% en el nivel del PIB», según Gardeazábal, que recuerda no obstante que la tregua de ETA en 1998-99 trajo aparejada una ligera mejora de la actividad económica.
Buesa se muestra más severo: «El País Vasco se fue apartando de su nivel potencial de crecimiento (…) En estos últimos años, el PIB podría haber sido un 20% más alto de lo que realmente ha sido».
Aunque esta región sigue siendo la más rica de España, la renta per cápita no es más que un 30% superior a la media, cuando hace 40 años era el doble.
«Con el tiempo, muchas inversiones se han marchado a otras zonas, precisamente por el temor al terrorismo en el País Vasco», explica Antonio Argandoña, profesor del IESE Business School de Barcelona.
El desarrollo de las inversiones verá la luz si ETA pone «un punto final a la amenaza terrorista», concluye.