La desigualdad en la política es el reflejo de la inequidad social. Las barreras a la participación plena en el ejercicio de la misma, representan una de las características de la precariedad de una sociedad que no ha probado condiciones de dignidad y realización humana. Existen regiones en el planeta en las que el hecho que una mujer alcance el cargo de presidente, es un acontecimiento normal que además no es aislado porque tanto mujeres como hombres participan en igualdad de condiciones para participar de distintos roles sociales; es decir hay mujeres en las fuerzas policiales, en las armadas, ellas y ellos pueden ser pilotos de transporte urbano o dirigir ministerios responsables de políticas públicas y dirigir centros penitenciarios. Sin embargo me permito romper de entrada esta aspiración que si bien es totalmente válida, lo que sucede en cada sociedad es el producto de la dinámica y las contradicciones de su formación social. No digo que no sea una condición necesaria o alcanzable, más bien lo explico de la siguiente manera: el hecho que la nueva Junta Directiva del Congreso no tenga mujeres no es una cuestión solamente de cantidad, ni casual o aislada, tiene una razón profundamente política que tiene como sustento histórico, el desarrollo de relaciones sociales sobre una lógica de la explotación, desigualdad y discriminación. No es posible alcanzar grados de desarrollo humano si no se cambia el esquema distributivo y productivo de la riqueza, si no se asume un modelo de Estado fuerte y descolonizado, si las oligarquías no cambian su limitada visión y si la actuación en el ámbito de la casa no es coherente con lo que se alardea en público. Cuántos de los eslóganes que se ven desfilar ya en un sinfín de vallas, son vivos ejemplos de lo que practican sus promotores en sus propios hogares.
La posibilidad de tener una mujer en la Presidencia es un tema que se debate cada vez más en los medios de comunicación y en la grilla política, sin embargo dicha posibilidad debe considerar al menos los siguientes factores. Inicialmente hay que recordar que la política ha sido territorio tradicional de los hombres y como tal, la tarea de cambiar esa lógica va más allá de las figuras, tiene que ver con el modelo de Estado, tiene que ver con patriarcado, pero esencialmente tiene que ver con la contradicción que es de clase, no es de género. En este sentido, avanzo el siguiente factor; si no se cambia el modelo de poder y la lógica del capital, todas las relaciones seguirán siendo permeadas por los valores que sostienen ese raciocinio, por lo tanto para efectos de este tema, el riesgo es que mujeres electas terminen ejerciendo el poder a la manera tradicional de los hombres, con lo cual no habría diferencia entre una mujer y un hombre en el parlamento, es decir en la manera de hacer política. La demanda de tener más mujeres, es decir más diputadas, más alcaldesas, y más y más hasta que la competencia sea una condición equitativa, va más allá de la elección para un cargo de responsabilidad pública a una mujer, es la ruptura de la acepción tradicional del poder, pero ese cambio pasa por ser dignos como conglomerado humano guatemalteco.
Un tercer elemento tiene que ver con la forma electorera de la política partidaria, en un sistema con muchas debilidades. Ese es el escenario perfecto para que la maquinaria del marketing electoral de la derecha, refuncionalice las demandas justas de más mujeres en la política, ofreciendo de esta manera una respuesta también a ese electorado, de allí las insinuaciones de nombres femeninos en la escena de las precandidaturas. Finalmente el factor que prueba la tesis de esta columna; la sola alusión de una posible candidatura de la esposa del Presidente, despierta los más sórdidos prejuicios y rechazos que son sobre todo de clase y luego de género, ambos implícitos en el hipócrita imaginario de la medianía que aspira y la oligarquía que revive el rancio abolengo de la política.