He dicho que uno de los problemas mayores de cualquier esfuerzo que se haga por modificar la Constitución de la República es que los partidos políticos tienen la sartén por el mango. No importa la buena fe que pudiera tener cualquier grupo que promueva una reforma, cosa que en el fondo dudo porque todos tienen su propia agenda encubierta para usar las reformas de manera que les permitan llevar agua a su propio molino, al final de cuentas los promotores de esos cambios quedarían burlados porque los únicos que realmente pueden hacerlos son los diputados que responden a intereses poco claros.
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Por ello es que el caso de la CICIG lo veo yo como una muestra de lo que podría venir, porque está demostrando que los intereses nacionales no tienen nada que ver con lo que hacen o dejan de hacer los diputados al Congreso de la República. El tema de la impunidad es algo que tenemos que enfrentar con seriedad en el país y nadie con dos dedos de frente o con el mínimo interés por Guatemala, debiera objetar la ayuda que la comunidad internacional nos pueda ofrecer para fortalecer nuestros mecanismos de investigación de manera que se pueda ir reduciendo el margen de la impunidad en el país. Sin embargo, es evidente que en el Congreso prevalecen intereses ajenos a los del país y por ello es que ni siquiera se puede llevar a debate en el pleno la iniciativa para conformar la Comisión Internacional que es un aporte significativo para el esfuerzo necesario para crear un sistema que nos permita aplicar la ley y la justicia con mayor precisión.
Entiendo, desde luego, que algunos de los que están trabajando activamente por la reforma constitucional con su propia agenda y visión también se oponen a la creación de la CICIG y ahora podrían sentir que esa identidad con algunas bancadas es un aliento para su esfuerzo, pero cuando sea sometida cualquier iniciativa que contemple, de entrada, reducción de privilegios para los políticos (entre ellos el número de diputados), se verá que no hay forma de evadir el control que de la situación tienen cabalmente quienes representan a los partidos en el Congreso.
Porque el problema de fondo hay que verlo en que el pueblo de Guatemala no tiene representantes en el Congreso porque quienes fueron electos para desempeñar esa función, son en realidad representantes de los partidos políticos, lo que en el caso actual equivale a decir que son representantes de los intereses de pequeñas camarillas (en el mejor de los casos) o de una persona que tuvo la ocurrencia de fundar un partido para buscar el poder y que cuenta con fieles y disciplinados seguidores.
Esos diputados, cuya representatividad está así definida, nunca van a tomar decisiones que puedan afectar los intereses de los partidos y por ello es que estoy convencido de que una reforma constitucional sólo serviría para que se puedan hacer ajustes que aumenten o hagan más contundente el poder de la partidocracia. Ilusos los que creen que sus iniciativas serán tomadas en cuenta por los políticos para autoinmolarse, puesto que ello sería exactamente lo que tendrían que hacer si aceptaran algunas de las propuestas que se elaboran por allí.
Si somos realistas y queremos mejorar a Guatemala, vale la pena que nos propongamos seriamente cumplir con la actual Constitución y exigir a nuestras autoridades devoción y sometimiento a la majestad de la ley. Sólo de esa forma podremos iniciar la construcción del necesario civismo para ir cambiando a un país que ya no sólo languidece, sino que se encamina al fracaso por incapacidad de sus dirigentes.