En las últimas décadas se han venido fortaleciendo dos vertientes de pensamiento que a mi juicio hacen tremendo daño al país y que se reflejan tanto en la debilidad institucional del Estado como en la actitud y comportamiento de los guatemaltecos. Por un lado hay que reconocer la enorme influencia que en los últimos 50 años ha tenido en Guatemala la prédica de un liberalismo a ultranza que se basa en el ataque sistemático a todo lo público y al Estado mismo. De hecho la dirigencia nacional, siempre conservadora, que antaño actuaba instintivamente en defensa de sus propios intereses, encontró en la formación académica y el indoctrinamiento universitario el sustento ideológico para la defensa de sus posiciones y así vemos que en nuestro medio prevalece la prédica de un libre mercado extremo, fundamentalista y radical.
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Por el otro lado, tras tantos años de opresión y represión, se ha generado una cultura de reclamo al respeto de los derechos que indudablemente es parte de la lucha histórica de la humanidad, pero al mismo tiempo hemos ido descuidando la parte que se refiere al cumplimiento de nuestros deberes cívicos. Hablamos de derechos, pero pocas veces lo hacemos de nuestras obligaciones que incluyen, entre otras cosas, el cumplimiento de los deberes cívicos.
De suerte que entre la destrucción sistemática del Estado, que se traduce en la debilidad institucional de Guatemala que tiene demasiadas características de los estados frágiles, cuando no fallidos, y la ausencia de una conciencia ciudadana que nos haga a los miembros de la sociedad jugar un papel activo en la construcción de la nación que requerimos, el país languidece y si se mueve es para retroceder. Cierto es que tuvimos oportunidades enormes, como la que se abrió cuando se dieron los Acuerdos de Paz que habían abordado buena parte de la temática más importante de las relaciones sociales, pero hemos desperdiciado esos momentos estelares y nos conformamos con las cuestiones de forma que apenas si involucran a unos cuantos.
Indudablemente el avance más significativo desde la firma de la paz es la mayor libertad de expresión, pero la misma ha generado más ruido que comunicación, porque los que la ejercitamos por lo general tenemos ya nuestros puntos de vista definidos y lo que hacemos es pontificar. La mayoría no se toma la molestia de escuchar porque el embeleso de sus propias ideas es tan grande que no deja ni tiempo ni interés por reparar en lo que piensan los otros.
Y hemos construido una sociedad polarizada que en las cuestiones más importantes no muestra ni unidad de criterio ni disposición a buscarlo.
Acaso en el campo en el que más se nota la consecuencia de la campaña para destruir al Estado sea en el de la justicia y la impunidad, puesto que con o sin intención, los enemigos del concepto mismo de Estado se encargaron de minarlo de tal forma que el nuestro ahora no es capaz de cumplir ni siquiera con las obligaciones esenciales de asegurar la vida a los habitantes de la República. Y a fuerza de tanto pensar en los derechos no atinamos a entender que el cambio que necesitamos sólo puede darse si nos decidimos a participar activamente, lo que nos hace pensar en la importancia de un cambio profundo de mentalidad en un país que se tragó, cuando menos, dos patrañas.