En esta nuestra Guatemala los pícaros saben cómo se resuelven las denuncias públicas. Con una simple mentira se apacha cualquier clavo, a sabiendas de que a las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley les vale un gorro cualquier ilegalidad y que a la opinión pública todo se le olvida y que ese recurso sirve para aplacar todo hasta que otro escándalo apache el presente.
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El Ministro de Comunicaciones, abogado y notario, dijo con toda desfachatez que había investigado el anómalo nombramiento de su viceministro consultando a la empresa constructora de la que es mandatario y que todo está bien, porque un error del Registro Mercantil hizo que el mandato siguiera vigente. Lo mismo dijo el mismo Mury en un programa radial, dando a entender que el mandato fue cancelado pero que no se operó la cancelación. Falso de toda falsedad lo dicho por los dos funcionarios que tienen la intención de tapar la burda evidencia del tráfico de influencias, delito no tipificado en nuestro ordenamiento legal porque eso y el enriquecimiento ilícito que acarrea, son hechos no punibles en esta Guatemala de la eterna corrupción.
Hoy el abogado de la empresa dijo a personeros de La Hora que fue una omisión, lo que constituye una prueba de que tanto el ministro Castillo como el mandatario de CONASA que ejerce como Viceministro en franca violación constitucional, mintieron deliberadamente a la opinión pública para taparle el ojo al macho echando la culpa al Registro Mercantil que reiteró que el mandato está vigente de acuerdo a un documento público registrado en el Archivo General de Protocolos, donde tampoco consta ninguna anulación.
El Vicepresidente dijo que investigaría y que en caso de anomalía exigiría destituciones. Pero sabemos que sus opiniones tienen muy poco peso en el Gobierno y por lo tanto hay que saber que tanto Castillo como Mury seguirán en sus puestos no obstante que violentaron la Carta Magna al realizar un nombramiento anómalo y, peor aún, a tratar de engañar a la población con una excusa pendeja.
A mí no me interesa que destituyan a Mury porque aquí no es cosa de cambiar personas. Me interesa sentar precedentes de apego a la ley y, sobre todo, me interesa este caso para evidenciar la urgencia de que se legisle sobre el funesto tráfico de influencias que es generador de corrupción a todo nivel y el enriquecimiento ilícito que se genera a partir de eso.
En el pasado gobierno la estrecha amistad entre los empresarios de marras y los hijos y el yerno del presidente significaron buenos contratos de construcción, pero el pago se dificulta y por eso en este gobierno era necesario tener alguien que se pusiera las pilas para cubrir los adeudos de esa llamada deuda flotante. No hay que llamarse a engaños porque ni siquiera el más pendejo de los pendejos supone que en Guatemala, con la ola de corrupción que hay y la cantidad de constructoras que pagan mordidas, un gobierno va a tener esporádicos y fugaces gestos de honradez dejando sus funcionarios de percibir comisiones, contratando a empresas que no dan mordida.
De suerte que a la ilegalidad para propiciar corrupción, estos funcionarios públicos agregan el abuso de quererle ver cara de pendejos a los guatemaltecos recurriendo a una burda mentira. Bastaría eso en cualquier país donde haya elemental sentido de respeto a la ley para mandar a la punta de un cuerno a los pícaros, pero en este país donde todo se vale, tienen garantizado el chance porque, al fin y al cabo, están allí como parte de una red de alto nivel que controla todo el gasto público. Y quien lo dude, realmente es un pendejo.