Recientemente las autoridades de El Salvador decidieron arbitrariamente cobrar un impuesto por el ingreso de vehículos automotores hacia este país; señalo arbitrariamente porque lo hicieron sin tomar en cuenta a los demás países que conforman la integración centroamericana. Se trata de una medida de interés económico totalmente equivocada, con el fundamento de que todo país es soberano, derecho que evidentemente es real, pero si este país forma parte de los convenios en esta región en sus intentos de unificarse, entonces es preciso y necesario darle una reconsideración a la medida.

Para ingresar a este país la nueva decisión permite el cobro de altas tarifas para vehículos automotores como sigue: microbuses 125, cabezales 75, vehículos particulares 35, todo en dólares americanos. El descuido de esta medida, inevitablemente condena, castiga e impide avanzar al comercio, a la industria, al turismo, etc., y a toda la región como un bloque. Además evidencia que este país del Istmo está procediendo de manera aislada, en un escenario mundial que exige que actuemos en forma de bloque unificado.
    
     Aparte de cobrar las altas tarifas ya descritas, el personal de aduanas no está preparado para realizar dichos cobros, frenando y acumulando el tránsito vehicular, acción que resulta en una pérdida de tiempo, afectando el bolsillo de las personas y aumentando los costos de las empresas que diariamente necesitan transitar hacia o a través de este país, como si se tratara de un “caro peaje”.
    
     Realizaremos hipotéticamente un ejercicio rápido, pero descabellado. Facultados por esta medida salvadoreña todos los países de Centroamérica podrían perfectamente implementar medidas similares o probablemente más caras, en moneda nacional de cada país respectivamente; el efecto sería devastador, tendríamos una región en desconcierto, anárquica, desordenada, sin acuerdos internos, donde de nada habrían servido todos los esfuerzos y logros obtenidos hasta hoy durante el largo proceso encaminado en la búsqueda del avance de la integración centroamericana, acción que hemos iniciado hace ya muchos años. Es muy probable que si esto sucediera prácticamente nos estaríamos aniquilando entre países hermanos.
    
     De nada serviría tampoco, el avance de la integración del Istmo que permite la libre locomoción de personas mediante el pasaporte centroamericano, porque al implementar este impuesto aduanal, estarán pasando únicamente las personas, sin vehículos, como si todas las personas se desplazaran y cruzaran los límites caminando.
    
     Respetuosamente lanzo ahora una pregunta: ¿qué nos pasa en Centroamérica? ¿Qué nos impide deliberar con claridad y tomar decisiones acertadas y empezar a actuar ya como países hermanos integrados?
    
    Este solamente es un llamado atento a la reflexión para las autoridades del hermano país de El Salvador. Me parece que aún estamos a tiempo para corregir dicha medida, dialogar y consensuar con los demás Estados que integran la región para evaluar los riesgos y las consecuencias tan dañinas para toda la región centroamericana, que en lugar de integrarla un poco más, lo único que conseguirá será desunificarla.

     “Errar es de humanos y corregir es de sabios”. Luego de someter esta medida ante una simple a reflexión, las autoridades salvadoreñas comprenderán que ésta es una política equivocada porque afecta directamente a muchos habitantes de los demás países de la región, decisión que debe revertirse de manera inmediata, con la finalidad de mantener la fraternidad, el diálogo, la unidad y mantener buenas y sanas las relaciones entre los países centroamericanos, de lo contrario estaríamos frente a una medida de Gobierno que contribuirá inevitablemente a la desintegración centroamericana. No se debe actuar de manera arbitraria mientras se camina en la búsqueda de la formación de un bloque unificado e integrado.
    
     En la región de América Central necesitamos gobiernos y autoridades con respuestas coherentes a las demandas de la sociedad, que conozcan, y tomen decisiones correctas; necesitamos autoridades que ejecuten políticas acertadas que garanticen la paz, el bienestar y el desarrollo de sus habitantes en lugar de crearle dificultades, desventajas y complicaciones innecesarias que impiden dicho desarrollo.