Hace aproximadamente dos meses me referí a la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, a las mismas comisiones y al proceso que pensaba podría darse. En esa ocasión dije con claridad que pese a las buenas intenciones de la señora Nineth Montenegro (ponente de la ley), y de los grupos de la sociedad civil que fiscalizarían y vigilaron el procedimiento para la elección de magistrados de las cortes, al final, el elector, de acuerdo con la Constitución, era el Congreso de la República, el organismo del Estado más político por excelencia, por lo que pese a esas plausibles intenciones para tener cortes que inspiraran confianza en la sana impartición de justicia, consideraba que tal propósito no se lograría.
Incluso me sorprendió que el doctor Carlos Castresana diera a conocer una lista de ocho candidatos a la Corte Suprema «vetados» por dudar de su honorabilidad, ya que el Comisionado de la CICIG no tiene esas atribuciones aunque creo que fue un último y desesperado esfuerzo por lograr magistrados capaces y honestos que es lo que realmente desea el pueblo de Guatemala.
Las mismas comisiones de postulación y el Congreso fueron sometidos a una presión popular de los medios de comunicación en general, de grupos de la sociedad civil en donde reaparecieron figuras como Eduardo Stein y jóvenes que han conformado fuerzas sociales nuevas y más participativas.
Sin embargo, tal como lo dije antes, me temía que en las mismas comisiones de postulación privaran arreglos mediáticos en donde algunos de los postulantes recibían órdenes de instancias de poder tanto del Ejecutivo como del Legislativo para colocar candidatos afines a partidos políticos o dirigentes en particular.
Ante tanta presión, honestamente, en algún momento creí que el Congreso o la mayoría de sus integrantes cederían en sus pretensiones y escogerían a los más idóneos y honestos.
La cosa no fue así, 105 diputados desafiaron abiertamente a los grupos de la sociedad civil, a Castresana, cuya presencia creo que fue un error estratégico que influyó en sentido inverso al darles el pretexto a algunos de que «no se iban a dejar mandar por un extranjero que cree que el Congreso es de su propiedad», como dicen que dijo en las deliberaciones de jefes de bloque un influyente diputado.
Total que de los ocho «vetados» (mal término el empleado para referirse a esos candidatos), seis fueron electos como magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia con todo lo que ello implica para un país que está sediento de justicia para terminar con la impunidad que nos agobia.
Ahora bien, ¿cuáles son los principales fines que se persiguen al tener una Corte Suprema afín? Obviamente que son muchos y muy importantes. El primero que el Ejecutivo y todos sus funcionarios, así como funcionarios anteriores, no encuentren tropiezos escabrosos en los tribunales, ya que cualquier juicio por iniciarse o ya iniciado puede ser minimizado o ineficaz con simples llamadas telefónicas a los nuevos magistrados afines, quienes a su vez harán otras llamadas a los jueces o magistrados correspondientes para que «traten bien» al sindicado.
Pero hay algo más: los antejuicios entablados contra los diputados son conocidos por la Corte Suprema de Justicia por lo que ellos y otros funcionarios se curaron en salud, fuera de los juicios que están en trámite por el robo de los 82 millones de quetzales y otras inversiones «dudosas» en donde están involucrados algunos diputados, sin olvidar que hay otros casos como el del accidente de una camioneta que dejó decenas de muertos, ocurrido ya hace más de un año y que involucró a un diputado, así como otros relacionados con violaciones y otro tipo de delitos, fuera de ex funcionarios, cuates del actual gobierno que también ven que se les abrió el paraguas.
Como nos damos cuenta pues, la elección tuvo grandes ventajas para algunos que no dudaron en votar públicamente por personas señaladas, por diferentes causas pasándose por el arco del triunfo a la ley de comisiones de postulación y a la buena pero ingenua intención de grupos sociales y la CICIG. En todo caso, a partir del 13 de octubre, cuando tomen posesión los nuevos magistrados de salas y corte, empezará otro trabajo de quienes hoy perdieron una batalla, fiscalizando de manera activa y efectiva la labor que estos realicen en la cual los medios de comunicación juegan un importante papel.