La iniciativa de ley penal de Enriquecimiento Ilícito –también conocida como ley anticorrupción– establece, entre otros delitos, el tráfico de influencias y traza una línea que lo divide del lobby o cabildeo, como se conoce al derecho de la población para solicitar el apoyo a proyectos e iniciativas que sean de interés general y no para beneficio particular; en el Congreso hay diferentes visiones sobre el tema y diversas definiciones para tipificar los ilícitos, pero a criterio de analistas, el debate no debe ser la excusa para postergar más el combate a la corrupción.

La redacción del artículo 35 del proyecto de la ley contra la corrupción despertó voces a favor y en contra; algunos consideraron que el delito de tráfico de influencias abría la puerta a malas interpretaciones que ponían en riesgo el derecho de petición de varios sectores, mientras que otros calificaron ese argumento como una argucia  para frenar la ley.

“Comete delito de tráfico de influencias la personas que, abusando de su derecho de petición, por si misma o por interpósita persona o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público prevaliéndose para ello de su jerarquía…” es parte del artículo que despertó pasiones en el Congreso.

Este ilícito es uno de los tantos que persigue la ley contra la corrupción, proyecto que al momento continúa en impasse en el Legislativo, donde se ha postergado durante más de diez años la aprobación de las herramientas legales para la transparencia.

El presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop, fue claro en señalar que el lobby y el tráfico de influencias son diferentes, de manera que no había razón para hacer alboroto por la redacción del artículo. “Es un miedo infundado”, señaló.

“Si yo, en mi calidad de diputado, forzo la resolución de un juez en donde no tengo que ver, y si tengo que ver, busco una resolución a mi favor, ahí hay tráfico de influencias. Si yo forzo a un funcionario para que me asigne una obra porque soy diputado, esto debe ser perseguido, le guste a quien le guste. Todos tenemos derecho de petición, pues así lo dice la Constitución, pero cuando saco provecho eso sí es delito, no veo problema con el artículo”, explicó el congresista, quien teme que esos argumentos son los que provoquen que la ley quede en el olvido.

El congresista lamentó que la creación de una instancia para analizar las 19 enmiendas presentadas, haya sido la única salida para evitar que el proyecto quedara en el olvido. Sin embargo, está consciente que el riesgo de perder “los dientes”, es latente.

INTERPRETACIONES
La diputada Nineth Montenegro también considera que la redacción del artículo no amerita cambiarlo. Sin embargo, sugiere que en caso se acuerde mejorarlo,  se utilice  lo que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, misma que incluye a funcionarios y particulares como sujetos de la ley.

“De esta forma no habrá oportunidad para que digan que la redacción da pie a malas interpretaciones, ya que es lo que establece la Convención”, señaló la congresista.  La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo también promovió que el contenido del artículo se ajustara a lo establecido por ese tratado internacional.

La alianza conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundación 20 y 20, entre otras, solicitaron en agosto pasado la aprobación de la ley, señalando que sería el primer paso para transparentar el gasto público. Sin embargo, la petición no tuvo eco entre los padres de la patria.

LA DIFERENCIA
Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristians Castillo, hay una diferencia entre ambas. Uno es cabildear por la aprobación de una ley que beneficie a un sector de la población, mientras que tráfico de influencias es sacar provecho de la investidura que tienen para incidir en la toma de posesiones y sacar ventaja de ello.

“Los diputados han pasado de ser representantes del pueblo a ser tramitadores. Es ampliamente conocido que los diputados utilizan su investidura para negociar puestos de trabajo en ministerios, ubicar personas en las municipalidades, y muchos recurren a empresas que son de sus familiares, que se convierten en proveedoras de servicios de construcción, por ejemplo”, señaló el experto, quien considera que la línea delgada empieza a evidenciar lo que es el tráfico.

Pero el tráfico de influencias no es algo sujeto únicamente al ámbito legislativo. Alrededor de las instituciones públicas y de forma histórica, se han visto injerencias de personas con poder (ya sea porque financiaron campañas o porque son parte de los poderes ocultos) que logran resoluciones favorables para satisfacer sus intereses, incluso, a pesar que tales resoluciones abran un debate sobre la legalidad de las mismas.

Es por ello que es vital que los sujetos del tráfico de influencias sean tanto el corrupto como el corruptor, porque no puede hablarse de corrupción solo con un bando o actor.

La diputada Montenegro ejemplificó el lobby con aquel que utilizan organizaciones de la sociedad civil para solicitar un proyecto de ley, mientras que el tráfico es aquel donde las personas buscan sacar provecho de su puesto o cargo.

Para el analista político Renzo Rosal, lo ideal sería mejorar la redacción del artículo para evitar que en un futuro se realicen acusaciones malintencionadas y con ello se dejaría claro que es lobby y tráfico. “El artículo deja algunas sombras grises que podría llevar a acusar a alguien injustamente”, señaló.

La ley contra la corrupción lleva diez años de estar en el Congreso. Su aprobación se torna cada vez más cuesta arriba ya que su espíritu frenaría prácticas que muchos políticos y particulares utilizan diariamente para sacar ventaja. Esperar que los diputados penalicen el enriquecimiento ilícito es una misión casi titánica, pero necesaria en un país en donde la falta de la certeza del castigo alimenta la impunidad que a su vez trunca las oportunidades de un país que no logra salir adelante.