A pesar de contar con dictamen favorable, la Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indí­genas no ha sido aprobada por el Congreso de la República, por lo que organizaciones mayas y representantes del Gobierno urgen a que ésta no sea «engavetada» y con ello garantizar el reconocimiento, respeto y dignificación de ese patrimonio cultural.

La propuesta fue dictaminada como favorable el 19 de agosto de 2009, sin embargo, a la fecha no ha sido aprobada, por lo que las entidades que integran la Comisión para la Definición de los Lugares Sagrados, adscrita a la Secretarí­a de la Paz (Sepaz), han solicitado que se retome el tema.

Las entidades coinciden en que con la aprobación de la iniciativa de Ley 3835, se iniciarí­a un proceso de construcción para un Estado multiétnico, multilingí¼e, pluricultural y se avanzarí­a en el respeto a los valores espirituales, culturales e históricos de los pueblos indí­genas.

Para el embajador itinerante de los Pueblos Indí­genas, Cirilo Pérez Oxlaj, esta Ley no debe quedar sin aprobación, pues asegura que otras expresiones religiosas guatemaltecas cuentan con espacios propios y autónomos, por lo que el apoyo de los parlamentarios constituirí­a un recuerdo histórico y el reconocimiento a uno de los derechos de los pueblos indí­genas de Guatemala.

«Hasta el momento nos sentimos abandonados, como ha sucedido desde hace más de 500 años, por lo tanto, si los legisladores desean obtener la confianza de los pueblos maya, xinka y garí­funa, deben avalar nuestras propuestas colectivas», agregó el funcionario indí­gena.

No se pudo obtener la opinión de Orlando Blanco, secretario de la Paz, sin embargo, mediante un boletí­n informativo del Ministerio de Cultura y Deportes se conoce la posición del Ejecutivo sobre el tema.

En la información proporcionada se indica que la viceministra de Cultura, Elsa Beatriz Son, en representación del Ejecutivo manifestó su respaldo a la aprobación de la Ley e indicó la importancia de apoyar esta iniciativa, pues es de gran valor para los pueblos indí­genas así­ como para el resto de guatemaltecos.

Por su parte, el diputado Walter Félix, presidente de la Comisión para la Paz y el Desminado, lamentó que sus colegas parlamentarios no han aprobado ni una sola iniciativa de ley que beneficie a los pueblos indí­genas, por lo que pidió mayor compromiso con la iniciativa 3835, pues considera que desde el Congreso se evidencia poco apoyo, «a excepción de algunos diputados con conciencia social y de paí­s».

Mediante una conferencia de prensa realizada recientemente, autoridades de los ministerios de Cultura y Deportes; Agricultura, Ganaderí­a y Alimentación, así­ como la Secretarí­a de la Paz, la Defensorí­a de la Mujer Indí­gena y la Secretarí­a Presidencial de la Mujer se sumaron a la demanda de los lí­deres espirituales mayas.

Se solicitó que los diputados expresen un discurso a favor de los pueblos indí­genas y realicen acciones legislativas en pro de los pueblos maya, garí­funa y xinka; caso contrario, se estarí­a violando los derechos de los pueblos indí­genas y se estarí­a retrocediendo en la construcción de la paz.

A la fecha no se conoce el número exacto de Lugares Sagrados que existen en Guatemala, pues se han registrado unos 2 mil oficialmente, mientras que la Escuela de Arqueologí­a ha identificado miles de ellos a lo largo del paí­s, por lo que se realizan esfuerzos interinstitucionales para establecer esta cantidad.

EL CONTENIDO DE LA LEY

Para garantizar la protección de los lugares sagrados en la propuesta de Ley se plantea la dignificación en éstos, recuperando la naturaleza y fines espirituales, cientí­ficos, educativos y sociales, a través de la restauración, protección, conservación, fomento y administración adecuada.

Con el tí­tulo: «Protección de Lugares y Objetos Sagrados», y que comprende los artí­culos 10 al 19, se dan lineamientos en los que se plantea que, de descubrirse un lugar sagrado al realizarse un proyecto de construcción, éste deberá ser paralizado con el fin de evitar la destrucción del territorio.

Además, se establece que contratistas de servicios petroleros y de exploración minera, deben adoptar y ejecutar las medidas necesarias para la preservación de estos sitios.

Sobre esto, Carlonia Castellanos, directora ejecutiva de la Camara de Comercio Guatemalteco Americana, (AmCham, por sus siglas en inglés), señala que es un tema delicado de tratar debido a que cualquier comentario u opinión se puede comprender como un criterio racista o discriminativo.

«La tierra ya no pertenece a ladinos o indí­genas, blancos, chinos o personas de color, sino al territorio de Guatemala y tiene que estar para uso del paí­s y no sólo para un sector», señala

Sin discriminar a los indigenas, la empresaria se opone a que partes del territorio nacional sean apropiados por sólo un sector, pues señala que se debe respetar el derecho de la iniciativa privada y cualquier particular que posea una tierra a explotarla como mejor le parezca, «ya sea la construcción de una casa o explotar una mina», dice.

«Hay lugares sagrados que falta identificar y se respetan, excepto si esta tierra ya se encuentra en manos de una persona, incluidos los indí­genas», señala. «Si hay un quiché que tiene una tierra y resulta que es sagrada para un quekchí­, éste último no tiene derecho a quitarle la tierra», indica Castellanos.