«Las mujeres desempeñan un papel clave en la generación de riqueza y son un pilar fundamental de la sociedad. Un paí­s no se podrá desarrollar plenamente ni desterrará jamás la pobreza si no da voz y representación a la mitad de su población: las mujeres». Ambas afirmaciones, que podrí­an parecer obvias, justifican por sí­ solas las aspiraciones de las mujeres, que demandan el reconocimiento de idénticos derechos que los hombres para intervenir en las esferas civil, laboral, económica, social, cultural y, especialmente, en polí­tica. Y así­ figura, como un principio fundamental, en la Constitución de cualquier paí­s democrático. Sin embargo, huyendo de toda obviedad, las estadí­sticas son especialmente tercas en desmentir que dicha igualdad exista en la práctica. Porque, lamentablemente, en la mayorí­a de nuestras sociedades las mujeres continúan muy alejadas -si no apartadas- de los puestos de decisión y representación, absurda e injustamente relegadas a un segundo plano de ciudadaní­a. Las mujeres pueden opinar, votar y elegir a sus representantes y dirigentes, que, mayoritariamente, son hombres.

Ya no basta, pues, con seguir proclamando el ideal de la equiparación de derechos. Es necesario crear espacios especí­ficos, oportunidades y condiciones reales que faciliten su ejercicio y fomenten una mayor participación activa de las mujeres en la vida pública. Así­ lo han entendido las naciones que han establecido una legislación de género para compensar desigualdades evidentes. Su experiencia ha demostrado que es un instrumento muy eficaz para lograrlo. En mi paí­s, la aplicación de la Ley de Igualdad, aprobada hace sólo un par de años, ha convertido a España en el segundo estado de Europa con mayor número de mujeres en el Gabinete de Ministros -más de la mitad-, con más de la tercera parte de los escaños del Congreso Nacional ocupados por diputadas y con porcentajes de representación aún mayores en los parlamentos autonómicos y en la administración municipal, con más de un millar de alcaldesas electas.

En un entorno más próximo a Guatemala estas medidas se han revelado igualmente efectivas. De hecho, de los siete paí­ses centroamericanos que participan en el Consejo de Ministras de la Mujer, cuatro cuentan ya con leyes que fomentan la igualdad. Cuando en Costa Rica se aprobó una ley de cuotas para el Parlamento, tan sólo 14 de cada 100 congresistas eran mujeres; hoy ya son el 37%. También Panamá y la República Dominicana establecieron en su dí­a porcentajes del 30% y del 33% y en ambos paí­ses se incrementó el número de diputadas. En Honduras, por su parte, la cuota se fijó en un 30% y el porcentaje de representantes parlamentarias pasó en poco tiempo del 9.4% hasta el 23.4%.

Mujeres y hombres compartimos muchas inquietudes, anhelos y deseos de contribuir a la mejora de nuestras sociedades; pero también tenemos sensibilidades y problemas diferentes, que abordamos de maneras distintas y que necesitan expresarse y complementarse. Por ello, apoyo los avances de Guatemala en la agenda de género y en las estrategias parlamentarias que contribuyan a que se cumpla, punto por punto. Debemos abolir una gran injusticia: la de tratar del mismo modo a quienes están en situación de desigualdad. Los ideales que guí­an este propósito, sus metas y sus aspiraciones, son humanistas. Esta causa no es sólo de las mujeres, es también de los hombres, es la causa de la justicia. Y nos beneficiará a todos.

*Embajadora de España.