Desde tiempos atrás, estamos acostumbrados a subirnos al pedalazo, es decir, cuando ya todo va caminando, tenemos que encaramarnos sí­ o sí­. O, en otras palabras, no hemos podido nunca sentarnos a platicar qué paí­s es el que queremos, planificarlo y empezar de cero.

Lastimosamente, esto ha lacerado nuestras polí­ticas y los resultados están a la vista. Nos hemos acostumbrado a hacer «chapuces» y ahí­ la vamos pasando. Pongamos algunos ejemplos.

En los últimos dí­as, está surgiendo una propuesta para «legalizar» que en las motocicletas sólo se conduzca un pasajero, es decir, sólo el piloto. Esto surge tras la repitencia de asesinatos, en que dos sicarios en moto, uno conduciendo (con casco en la cabeza) y otro con pistola en mano para matar y salir huyendo (éste va sin casco, para no obstruirle la visual).

Pregunto: ¿Qué más da hacer una ley para que sólo vaya un pasajero en la motocicleta? Hasta donde yo sé, para iniciar, el simple asesinato, ya sea en moto o a pie, es un delito condenado por la ley. También sé que está prohibido, so pena de multa, viajar en motocicleta sin casco. ¿No serí­a legislar sobre algo que ya está penado? Si fueran impuestos, más de alguien ya hubiera interpuesto un amparo en la CC para que no haya carga impositiva sobre algo que ya paga impuestos.

Volviendo a la improbable «Ley contra el Sicarismo Motorizado», más pareciera una iniciativa para favorecer el creciente negocio de las motocicletas, el cual ha gozado de una gran inversión en los últimos meses, debido a las alzas de los combustibles de principio del año.

Otro ejemplo: el anuncio que ha hecho un diputado y un vicepresidente para legislar sobre la regulación de incluir a las organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONG, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación. Desde su mismo nombre, las ONG estipulan que no tienen ví­nculos con el Gobierno ni, por ende, con el Estado. Entonces, ¿por qué legislar contra algo que por naturaleza no lo permitirí­a?

Vivimos en una «moda» de legislar para todo y crear leyes especí­ficas, en lugar de incluirlas en marcos generales. Además, los nombres de nuestras leyes son tan especí­ficos, que a veces es hasta difí­cil de recordar, como la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, que -pese al revuele y expectativas que generó- no se lleva a la práctica.

Nuestra forma de actuar, legislativamente, es más o menos así­: a) tenemos un problema; b) los periódicos publican hasta el aburrimiento; c) los grupos afectados intentan obtener apoyos para que se legisle sobre ello; d) la iniciativa tarda mucho en ser redactada, revisada y aprobada; e) entra en vigencia; f) jamás se aplica.

Nuestro sistema legal carece de sentido común, además de ser complejo, ya que hay temas que se repiten, leyes en desuso, y leyes generales que no incluyen todo lo que es. Nuestros legisladores hasta para eso son perezosos, para revisar las leyes añejas y modificarlas para que continúen vigentes.

De nada nos sirven las leyes, ya que nadie las cumple. En la impunidad en Guatemala, intervienen los tres organismos del Estado. El Judicial, el mayor responsable, por no castigar a los culpables; el Ejecutivo, por no velar que se cumpla la ley, y el Legislativo, por mantener un sistema legal inoperante. Y, lo peor, es que jamás damos en el clavo, como la frustrada Ley de Armas y Municiones, en donde los diputados no son capaces de darse cuenta de que no es importante quién regule las armas (si Gobernación o Ejército) sino desarmar a los delincuentes.

Quizá, más de algún diputado iluso, estará preparando hoy dí­a una iniciativa para la Ley Contra Toda Forma de Calcinamiento en el Oriente del Paí­s, o la Ley Antinarcomatanzas. (http://diarioparanoico.blogspot.com)