Durante los últimos meses uno de los temas centrales de mi actividad periodí­stica fue, como cuando se planteó la inscripción del general Efraí­n Rí­os Montt, argumentar en defensa de la norma constitucional que se violentaba con la candidatura de la señora Sandra Torres Casanova, ex esposa del Presidente ílvaro Colom. Lo hice absolutamente convencido de que su aspiración no era legal y que violentaba el espí­ritu y la letra del artí­culo 186 de la Carta Magna.

Cuando se produjo el divorcio entre la pareja presidencial y anunciaron a los cuatro vientos que la decisión difí­cil que tomaron fue para no encajar en la prohibición, como después lo sostuvo la misma candidata ante la Corte de Constitucionalidad, sostuve la tesis del fraude de ley que finalmente no fue mencionada ni reconocida por la CC, pero sí­ en forma abundante y prolija por la Corte Suprema de Justicia.

En todo ese proceso se produjo también la designación de los integrantes de las cortes que tendrí­an que conocer en última instancia este caso y el tema fue importante precisamente porque fue el que determinó mucho de lo que sucedió en los cabildeos en las comisiones de postulación y en las decisiones para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y precisamente por ello cuestioné tan seriamente el manoseo que la hermana de la candidata hací­a, junto al diputado Fajardo, del proceso con la intención de ir estableciendo tribunales ad hoc para conocer de este caso y, de una vez, que pudieran servir para proteger otro tipo de oscuros intereses que ahora empiezan a salir a la vista, como el lavado de dinero que se hizo enviando capitales a Panamá en lo que ahora surge como una nueva y mucho más consistente Conexión Panamá con fondos que, por lo visto, salieron de los programas de Cohesión Social.

Traté siempre de ser objetivo en mis planteamientos y creo que nunca recurrí­ al insulto sino que me mantuve dentro del plano de una crí­tica severa, pero dentro de los cánones de un ejercicio responsable de mi profesión. Razones hubiera tenido para despotricar como el que más, pero nunca lo quise hacer porque no es mi estilo y porque sabí­a que era cuestión de argumentos legales más que de apelar a cuestiones emotivas.

No sé si logré lo que me habí­a propuesto en el sentido de mantenerme en un plano en el que no prevaleciera ningún aspecto personal sino que básicamente fuera una cuestión institucional de respeto al estado de derecho y que lo mismo hubiera hecho con Chana que con Juana. Creo y reconozco que la señora Torres tendrá un futuro polí­tico para dentro de cuatro años si maneja bien su presente y si sabe cómo lidiar con los verdaderos dueños de su partido que son los que tienen el dinero y mantienen una agenda distinta a la de ella.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad me parece acertada en cuanto a que preserva el espí­ritu y el sentido de la norma constitucional que estaba siendo violentada. No he podido leer aún la sentencia porque en la página electrónica no se logra obtener debido sin duda a saturación de demanda, pero con el tiempo iremos comentando el fundamento del fallo porque es importante que los guatemaltecos entendamos cuál fue la razón esgrimida.
 
  Pero también creo que ahora es momento de recordar a los ciudadanos que hay muchas partes de la Constitución que no se cumplen, que nos pasamos todos por el arco del triunfo y cuyo respeto debemos exigir con el mismo vigor con el que peleamos, los que lo hicimos, por el artí­culo 186. La Constitución es una y su respeto tiene que ser absoluto y no selectivo si realmente lo que nos interesa es el Estado de Derecho.