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La independencia de poderes y la autonomía judicial que es fundamental en los Estados de Derecho, aun así «los jueces no son imparciales e independientes porque hay poderes con intereses que hacen que no lo sean», señala Sandino Asturias, analista político del centro de estudios de Guatemala.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), trata de hacer que el estado de Derecho funcione y cada uno de los poderes cumpla su cargo constitucional, pero cuando uno de los factores es comprometido en su función no es posible alcanzar una actuación íntegra e independiente, refiere Sandino, quien añade que «la corrupción del Estado, que es lo que está investigando la CICIG en el caso portillo es notable».
La asociación de jueces y magistrados aún no hace un pronunciamiento por las situaciones desviadas de casos políticos y según analistas políticos la politización del sector justicia ha generado desacierto en decisiones.
INDEPENDENCIA
Ante la excusa de las garantías del Organismo Judicial algunos sectores en defensa de la justicia señalan que «hay leyes que obligan a los jueces a argumentar y razonar cada una de las decisiones, y no tiene relación con la independencia judicial», aseveró Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack.»La independencia judicial no significa que ellos pueden hacer lo que quieran, porque tienen que estar de acuerdo a las leyes que existen», añadió recalcando que la impunidad impide la verdadera democracia.
CASOS
El último caso que ha generado conmoción en el ámbito nacional involucra a la jueza Irma Leticia Valenzuela Dávila, quien luego de suponer que a la CICIG no le corresponde investigar al ex presidente Alfonso Portillo, no permitió que la entidad se adhiera como querellante.
Valenzuela ha sido señalada por la CICIG de obstrucción de justicia y prevaricato, además, la Fiscalía Especial señaló que ha atrasado el proceso contra Portillo, pues no ha fijado fecha para la apertura del juicio a pesar de que ya se presentó la acusación.
TRASLADO DE SALAS
La jueza del ramo Quinto de Primera Instancia Penal llegó después del traslado de Julio Jerónimo Xitumul con quien intercambiaron de Sala, pues Valenzuela estaba en el Tribunal Tercero de Sentencia penal.
Ante el traslado de Xitumul se especuló que la decisión fue derivada de la resolución emitida a favor del ex presidente, Alfonso Portillo, a quien otorgó una fianza de Q1 millón luego de dejarlo en libertad después de su entrega.
El juez también resolvió dictar arresto domiciliario al ex ministro de Finanzas Manuel Maza Castellanos; al ex jefe de la seguridad presidencial, Carlos Quintanilla y Gustavo Solano, ex encargado de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE).
Según analistas políticos lo que están demostrando estos casos es evidenciar que el poder judicial no es independiente, en lugar de defender la independencia de los poderes y la autonomía de los jueces, ellos desgastan los recursos y es notable cuando se ven resoluciones que comprometen al sistema político.
«Es importante apelar la decisión de los jueces que violen la verdadera independencia de poderes, la función de los jueces es juzgar y crear justicia para no contribuir a la impunidad», señaló Helen Mack refiriéndose a cuando hay actuaciones de jueces que van más a la dirección de favorecer a la impunidad, que a impartir justicia.
La CICIG es la encargada de investigar grupos clandestinos y cuerpos delictivos de inseguridad, a pesar que algunos difieren de sus actuaciones, existen muchos que la apoyan, ahora la CICIG tiene la responsabilidad de ejercer su función evitando señalamientos que resten credibilidad.
Dependiente o autónoma, la Torre de Tribunales como imagen de impartir justicia en Guatemala tiene en sus adentros la responsabilidad de dictar resoluciones conforme a la Ley, sin presiones políticas en beneficio o en contra de alguien.
HELEN MACK, analista