El Congreso aprobó la Ley Contra la Corrupción en 2012 y generó una gran expectativa sobre lo que cambiaría a partir de entonces en la justicia, sin embargo, hasta ahora no existe un solo caso en los juzgados por los delitos que se tipificaron en la normativa.

Una fiscalía débil, falta de voluntad política, el secreto bancario y el temor a los grupos de poder pueden ser las razones detrás de la impunidad en los casos de corrupción.

Un informe del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ) refiere que hasta abril de este año no se inició en los juzgados ni un solo proceso penal relacionado a los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción, decreto 31-2012.

En esa ley se tipifican delitos como falsedad en declaración jurada patrimonial, el testaferrato, el cobro de comisiones, el tráfico de influencias y nombramientos ilegales, entre otros delitos.

Uno de los más importantes aportes de la Ley es la tipificación del enriquecimiento ilícito de funcionarios y particulares para quien “administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta cinco años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos, o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos ilícitos.

También se tipifica el delito de peculado, en referencia al funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecido en la administración pública, sustraiga o consienta que otro sustraiga dinero o bienes que custodie, perciba o administre; se aplicará sanción de cinco a diez años y una multa de Q10 mil a Q50 mil.

La normativa también penaliza la malversación de fondos, que será cometida por los funcionarios que empleen caudales o bienes, y le den un uso diferente al que estaban destinados. Sanciona estas acciones con dos a seis años y una multa de Q20 mil a Q50 mil. Asimismo, si los recursos estaban destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.

¿Por qué no se aprovecha la Ley para castigar a los corruptos? Previo a que los juzgados conozcan esta clase de ilícitos, el Ministerio Público (MP) debe realizar las investigaciones respectivas, pero según analistas y diputados, la Fiscalía Contra la Corrupción se queda corta al intentar enfrentar el problema.

POCAS ARMAS Y UN MONSTRUO GRANDE

Aura Marina López dirige la Fiscalía contra la Corrupción. Su experiencia en el MP empezó en 1999, como auxiliar en la Fiscalía Distrital de Chimaltenango. En 2003 se convirtió en Fiscal, laborando así para la Unidad de Ejecución.

En 2011 dirigió por primera vez una fiscalía y se le designó en la sede distrital de Sacatepéquez; un año más tarde se encargó de la Fiscalía de Delitos Económicos y en 2013 fue asignada como Jefa de la Fiscalía Contra la Corrupción, cargo que ostenta hasta ahora.

López fue aspirante a Fiscal General y Jefe del MP en la anterior elección; en esa oportunidad estuvo entre los diez candidatos con mejor calificación, conforme a lo que se evaluó en la tabla de gradación. Además, en el proceso no recibió ninguna tacha de parte de la sociedad civil.

Actualmente, bajo su mando tiene a ocho agentes fiscales, 24 auxiliares fiscales, dos pilotos y cinco personas que desempeñan labores administrativas. Cuenta con un presupuesto alrededor de Q9.3 millones para el 2014.

El personal y los recursos son insuficientes para combatir la corrupción, que según la vicepresidenta Roxana Baldetti, deja pérdidas de Q15 mil millones.

Eugenio Fernández, de la Asociación Pro Derechos del Contribuyente (ASPRODECO), dice que con el presupuesto anual de no más de Q10 millones, no se puede pretender perseguir los delitos en torno a los Q25 mil millones que se le roba al fisco, sumando lo generado por la defraudación aduanera.

Al cuestionar a López sobre cuáles son las razones que dificultan el ingreso de casos de corrupción a los juzgados, afirma que es la propia investigación, pues mucha de la información requerida debe solicitarse con orden judicial y conseguir cada audiencia puede tardar hasta dos meses.

Además, comenta que cada auxiliar de la Fiscalía tiene en su mesa un aproximado de 40 expedientes en investigación que generalmente conllevan pruebas documentales voluminosas. “En algunos casos es sumamente necesario contar con el informe de auditoría oficializado, el cual puede demorar un año o más para su obtención”, añade.

López menciona que los antejuicios limitan a la fiscalía investigar a los funcionarios que gozan de este derecho. Mientras la Corte Suprema de Justicia resuelva con lugar o no la petición de retirar la inmunidad a los funcionarios no es posible realizar pesquisa alguna en su contra. Además, explica que se debe lidiar con la falta de especialización de los jueces en temas de corrupción.

Respecto a esto, Amílcar Pop, congresista de la agrupación Winaq, considera que en el sistema de justicia prevalece la incapacidad de interpretación de la ley, debido a que es reciente. Pero, señala, que esto no justifica la pobre forma de persecución penal.

Para López es necesario ampliar el personal de la fiscalía, igualmente tener más vehículos para cumplir con las diligencias que deben realizarse en el interior. “La Unidad de Transportes nos da el apoyo, pero en algunas ocasiones tampoco cuenta con vehículos disponibles”, subraya.

“La corrupción es la empresa más grande, no se va a combatir con asignar una buena fiscal y un presupuesto raquítico”, manifiesta el experto de Asprodeco.

Juan Narciso, analista independiente, comenta que otro factor que afecta la lucha contra este mal, es el temor. “Hay miedo, en este país se mata gente por esto. El derecho a la vida se pone en riesgo en los casos que se investiga”, agrega.

Por otro lado, Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala e impulsora de la Ley contra la Corrupción, manifiesta que existe falta de capacidad investigativa, y falta de voluntad para investigar casos de corrupción.

Si bien la anterior Fiscal, Claudia Paz y Paz hizo un esfuerzo contra el crimen organizado, el tema de la impunidad y la corrupción quedaron olvidados, señala la legisladora.

“Es un monstruo que una ley no va a botar”, puntualiza Fernández.

LO QUE SE NECESITA

Para Eugenio Fernández no sirve de nada una ley que tipifique todos estos delitos, si no hay una investigación adecuada y eficiente, si no hay recursos para combatirlos. Para el activista, es importante que la ciudadanía despierte y exija al Estado que cumpla con las leyes de transparencia y corrupción.

Según el diputado de Winaq, Amílcar Pop, eliminar el secreto bancario es el punto que falta para lograr que se integren a la persecución penal los delitos que contempla dicha ley. Igual sería suprimir la ausencia del cruce de información entre la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y el MP que impide que haya verdaderos resultados.

La anterior postura la comparten los dos analistas, quienes creen que debe existir una coordinación entre las distintas entidades.

Fernández expresa que la ley no es aplicable mientras no haya voluntad política que busque la lucha frontal contra la corrupción. Asegura que mientras las estructuras paralelas estén incrustadas en el Estado, no van a permitir que la normativa se cumpla. “Se puede tener la mejor ley contra la corrupción del mundo, pero debe existir una política que la apoye”, puntualiza.

Otro aspecto que Narciso considera es que en Guatemala se tiene que salir de una cultura que desafortunadamente plantea valores equivocados sobre el enriquecimiento ilícito. “Es un proceso que tomará tiempo, es un proceso de cultura en el que las personas tienen que entender la necesidad de ser transparente”, concluye.