El pasado fin de semana se comunicó conmigo Gabriel Medrano Valenzuela, abogado presidente de la Corte Suprema de Justicia, para explicarme el contexto de una declaración suya citada en Prensa Libre y que dio lugar a mi comentario en el que hablé de una torpe reacción de su parte. Me dijo Gabriel que él se refirió al caso de los jueces denunciados por la CICIG en el marco de lo que expresó en su discurso de toma de posesión en el cargo, es decir, privilegiando la necesidad de un comportamiento ético de todos los operadores de justicia, en el sentido de que la seguridad jurídica y la paz social dependen en mucho de la independencia, responsabilidad y honradez de los jueces y magistrados.

Ocurrió que, según me explicó, algún periodista preguntó sobre qué opinión tenía del número de jueces sindicados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad y que en ese contexto fue que dijo que 18 señalados entre casi mil jueces y magistrados que hay en todo el país no resulta siendo un número abrumador. La nota de prensa decía que el Presidente de la Corte únicamente comentó ese aspecto, sin mencionar nada más de lo que Gabriel había dicho a los periodistas, extremo que me ha sido corroborado por quienes cubren la fuente para La Hora.
 
 Si la reacción del Presidente de la Corte Suprema de Justicia hubiera sido tal y como se reflejó en la nota de prensa, que yo di por válida esa mañana, definitivamente hubiera sido una torpeza porque el señalamiento de la CICIG abre espacios para una discusión a fondo de nuestro sistema judicial y de las deficiencias que hay. Nadie puede negar que en Guatemala la justicia sigue estando en deuda con la sociedad porque existen demasiadas intromisiones, demasiados poderes fácticos, que alientan la impunidad y comprometen el régimen de legalidad. Yo señalaba la existencia de mecanismos perversos como los que hay en la distribución que se hace de los procesos, momento en el que se sella la suerte de la causa porque ya se sabe qué juez resuelve, de qué pata cojea y, lo más grave, cuál será la sala jurisdiccional para dictar la sentencia que tenga carácter de cosa juzgada, es decir, que resuelve en definitiva, y también cuáles puedan ser las mañas o virtudes de los magistrados que la integran.
 
 Me disculpo ante Gabriel por haber dicho que reaccionó de manera torpe ante la denuncia formulada por la CICIG porque en realidad su reacción fue, con mucho, lo que se podría esperar de una autoridad responsable de dar la cara por el sistema de justicia del país. Ya en su discurso de toma de posesión el mismo Gabriel Medrano advertía que existen deficiencias en las normas que regulan el aspecto disciplinario y que deben mejorarse, para que la independencia judicial no se convierta en salvaguarda de malas prácticas en la aplicación de la ley y la valoración de las pruebas. Precisamente por esas deficiencias resulta muy difícil aplicar sanciones a los juzgadores que se pasan el sentido ético y la justicia por el arco del triunfo, pero de probarse ilegalidades en los casos que ahora conoce el Ministerio Público, ello dará sentido a la necesidad de modificar el régimen disciplinario.
 
 Lo fundamental ahora es intensificar el esfuerzo por depurar nuestro sistema de justicia, sabiendo que existen presiones que arrancan desde las comisiones de postulación que comprometen seriamente la independencia judicial porque hay poderes ocultos que la corrompen para asegurar que esté siempre moldeable, manejable, para que esos poderes puedan ponerla en pública subasta de manera que gane quien pague más y no quien tiene la justicia, la razón y el derecho de su lado.