El pasado miércoles, este vespertino hizo pública la denuncia que presentó la Comisión Legislativa del Migrante, en el sentido de que nuestros compatriotas en Estados Unidos estaban siendo víctimas de estafa, por parte de personas inescrupulosas, quienes les hacían creer que por una suma de dinero podrían ampararse bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y disfrutar de esa cuenta de un estado migratorio legal en ese país, cuando en realidad los ciudadanos guatemaltecos no cuentan con ese beneficio en Estados Unidos.

De conformidad con diversa información migratoria del Gobierno de Estados Unidos, a la que he tenido acceso,  un TPS se otorga a un país y como consecuencia a sus ciudadanos, cuando las autoridades de Estados Unidos determinan que hay un conflicto armado en curso dentro del estado elegible para el TPS y debido a dicho  conflicto, el retorno de los nacionales de ese Estado se plantean como una grave amenaza para su seguridad personal. Cuando el Estado ha sufrido un desastre ambiental que resulta en una alteración considerable, transitoria, de las condiciones de vida, el Estado es temporalmente incapaz de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales, y el Estado ha solicitado la designación de TPS. Y cuando existen otras condiciones extraordinarias y temporales en el Estado que impiden a los nacionales regresar en condiciones de seguridad, a menos que las autoridades de Estados Unidos consideren que la permanencia de los nacionales del Estado que permita  permanecer provisionalmente en su territorio,  es contraria a los intereses nacionales de los EE.UU. En el caso puntual de Guatemala, hace dos años, el Gobierno de este país solicitó de manera formal el TPS para Guatemala y sus ciudadanos, bajo el argumento de los desastres ambientales, en aquel momento acaecidos por la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán de Pacaya, sucesos que no lograron motivar al Gobierno de Estados Unidos para que extendiera un TPS a Guatemala y, hasta la fecha, de conformidad con el mismo artículo de prensa  relacionado, no ha existido respuesta alguna y hasta donde yo recuerde, tampoco solicitud, argumentación o nueva petición de parte de nuestro Gobierno para que esa situación cambie. Por supuesto hay que dejar claro que ese beneficio no es de carácter obligatorio para que el Gobierno de Estados Unidos se vea obligado a otorgarlo y está en su total voluntad el hacerlo o no, sin embargo hay que revisar cuáles son los hechos y las condiciones  que han acontecido o las relaciones políticas y/o económicas que han permitido que otros países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Nicaragua se encuentren disfrutando del mismo, pues sin lugar a dudas,  nuestro istmo es tan pequeño que las condiciones ambientales, de conflicto u otras de naturaleza extraordinaria no se distancian de tal manera para que unos puedan gozarlo, mientras que otros solo pueden anhelarlo. Sin duda el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno deben tomar cartas en el asunto y procurar la extensión del TPS para Guatemala de manera tal que nuestros compatriotas, lejos de ser víctimas de estafadores, puedan buscar los medios de subsistencia para sus familias y ellos en la distancia.