En sociedades en prolongada y agudizada crisis económica, social, institucional y política, no es extraño que proliferen males y lacras sociales, comportamientos antisociales individuales o en grupos organizados y que son, a su vez, resultado, efecto y consecuencia de un sistema económico, social, institucional y político, igualmente afectado por una prolongada y agudizada crisis general.

El crimen organizado es una manifestación, entre muchas otras, de la crisis general por la que en nuestro país atraviesa el prolongado y agotado, caduco y colapsado sistema económico, político e institucional. Pocos, muy pocos son los que tienen conciencia de lo que esto significa para el país, para el pueblo, para la nación, para el Estado, sus autoridades e instituciones. La mayoría opta por ver para otro lado y lamentarse por lo que está ocurriendo.
  
   Con su proceder, el crimen organizado no persigue otro objetivo más que aterrorizar a la población y, en tales condiciones, disputar la autoridad del Estado en espacios territoriales, en concreto, neutralizar a sus habitantes y, si le es posible, ganarlos para sus objetivos y propósitos. Sus tentáculos, lo abarcan todo.
  
   Uno de ellos -quizá el principal y más fuerte y poderoso-, es el del narcotráfico; y, alrededor del narcotráfico, proliferan sus mafias y las ajenas, las pandillas y maras bajo su control y las que operan por su cuenta, el lavado de dinero, la corrupción, el sicariato, la impunidad, el tráfico de influencias, armas y personas.
  
   Se trata, en consecuencia, de una bien organizada red delincuencial con una o varias estructuras y sus respectivos cabecillas, líneas de mando definidas, ejecutores incondicionales bajo sus órdenes y decisiones, así como de operadores eficaces que actúan ante la ilusión de un mejor status, el dinero fácil o bajo la amenaza y el temor, la vendetta y el ajuste de cuentas. Disponen, además, de estrategias y tácticas convenidas de común acuerdo o por separado. Sus disputas por territorio y población, negocios e influencias, se dirimen violentamente.
  
   Ante un panorama así descrito, los expertos en la materia son de la opinión de que hay que prestarle mayor atención a la labor preventiva y que las autoridades echen mano de más y eficaces medios de inteligencia e investigación. En ello, por supuesto, que tienen razón. Pero esto es sólo una parte de un problema mayor. En lo que fallan es que no ven el fenómeno en su complejidad y pierden de vista aspectos que son esenciales.
  
   Una limitación más en que incurren algunos de ellos, es que los asesinatos atribuidos al crimen organizado o a la delincuencia común, lo reducen a meras cifras estadísticas y que los expertos (que en este como en otros casos, abundan) no se ocupan de ir al fondo de tan serio y grave problema, establecer sus causas, efectos y consecuencias, así como las secuelas que deja en lo social, psicológico, familiar, comunitario y personal, político, económico e institucional.
  
   En el cuadro de la inseguridad pública y ciudadana actual, hay que tener en cuenta y considerar, además, otras cuestiones no menos importantes como el modo de operar del crimen organizado y los momentos en que se dan las escaladas como la de enero y lo que va de febrero.
  
   La inseguridad pública y ciudadana se ve seriamente afectada a raíz de la escalada criminal desatada en estos últimos días. Con ello, no digo nada nuevo. Esta tan violenta escalada me parece que corresponde a movimientos bien definidos y convenidos y cuyo objetivo inmediato y principal es, por un lado, aterrorizar aún más a la población de la ciudad capital y de algunas de las más importantes cabeceras departamentales y, por el otro, distraer a las autoridades y sus fuerzas de seguridad.
  
   Llama la atención, por supuesto, que escaladas como ésta coincidan con momentos de crisis política o institucional, evidentes síntomas de ingobernabilidad, contradicciones y disputas en la cúpula gubernamental, diferendos formales y de trámite con la cúpula empresarial o porque sea así como se trata de desviar la atención de la población de sus problemas acumulados más apremiantes y se posponga su atención y solución.
  
   Cabe preguntarse, entonces, si el crimen organizado, en este momento, no ha logrado o está tratando de asentarse y ocupar nuevos territorios, principalmente, en el interior del país, afianzar y ampliar sus bases de apoyo y operaciones y, en forma cada vez más sofisticada, dificultar e imposibilitar la labor de las autoridades en materia de seguridad pública y ciudadana en el interior del país y, principalmente, en la capital y el área metropolitana.