A partir de hoy el licenciado Jorge De León Duque asume la función pública de una de las instituciones más relevantes de la era democrática del país, la Procuraduría de los Derechos Humanos, luego de dos períodos del doctor Sergio Morales (10 años). La entidad enfrenta múltiples retos, desde lo interno en donde la carencia de recursos y una administración anterior discutible ha minado sus capacidades de acción, hasta lo externo en donde alguna parte de la población sigue creyendo que los derechos humanos sirven solo para defender a los delincuentes.
Y en este aspecto externo, debe incluirse, además, el alejamiento de la comunidad internacional, otrora aliada estratégica y financiera de la institución, derivado de múltiples razones.
El nuevo Procurador será el número seis desde su creación, y recibe una dependencia pública que desde siempre ha significado una idea humanista para Guatemala, y que ha respondido favorablemente en momentos de crisis nacionales, como lo fue el golpe de Estado hecho por el expresidente Serrano, los amparos en contra del alza a la energía eléctrica, el caso Bámaca, las elecciones generales de la era democrática, el Caso Pavón y muchos otros en donde la población ha encontrado una esperanza en la institución del Procurador de los Derechos Humanos para que pueda resguardar los derechos individuales y colectivos.
La gestión del nuevo Procurador deberá retomar aspectos álgidos y de conflictividad social en todo el país, en donde se conocen situaciones complicadas como los vinculados con la ecología, la situación de inseguridad alimentaria y los distintos mecanismos de control administrativo sobre los derechos humanos, como lo son la seguridad, la salud, la educación, la justicia y la gobernabilidad, solo para citar algunos. Por ello, uno de los valores más destacables que debe reiterar es la independencia por sobre los distintos sectores de incidencia política y económica del país, permitiendo que su función se desarrolle con toda la coordinación posible con la sociedad y las dependencias públicas, pero sin orientar su actividad de cierta forma o peor aún, careciendo de acciones sobre temas de trascendencia del país, como ha sucedido en los últimos años.
En los tiempos actuales, las dependencias públicas del Estado deben formar una alianza estratégica que permita alcanzar resultados conjuntos y efectivos para el país, como lo ha intentado el sistema de justicia con los Tribunales, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. De igual forma, las dependencias públicas vinculadas con sectores vulnerables, quienes son los candidatos primarios de violación de sus derechos humanos, deben alcanzar niveles de consenso y coordinación, respetando siempre que exista esa independencia de principios que le permita censurar y recomendar al Procurador mediante sus resoluciones. Los partidos políticos también, deberán hacer su trabajo en apoyo al Comisionado del Congreso, en cuanto a brindarle presupuestos efectivos para realizar su trabajo, una coordinación política de altura y transparente, pero principalmente dejándole trabajar a la mejor de sus capacidades, sin imponerle ritmos ni tiempos políticos, peor aún plazas para recomendados.
La labor del PDH no puede ser totalmente eficaz a menos que cuente con el apoyo de todo un país, sociedad, gobierno, academia, partidos políticos y en general todos los grupos de incidencia. En retorno, el funcionario más importante en materia de derechos humanos del país responderá con eficiencia y transparencia en todo su accionar, tal y como lo ha anunciado.