La libertad de prensa que es parte de la libertad de expresión del pensamiento nuevamente está amenazada en Guatemala. En los últimos días se ha producido una fuerte embestida contra la prensa con agresiones muy preocupantes en contra de varios periodistas.
La libertad de expresión del pensamiento es un derecho humano que no solo está reconocido en la Constitución de Guatemala, sino también en numerosos instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Precisamente en uno de los considerandos de esa Declaración, se asienta que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de libertad de creencias.
Desafortunadamente, esa libertad de palabra molesta a grupos poderosos que tratan de intimidar a los periodistas para acallar las denuncias sociales.
No quisiéramos pensar que Guatemala pudiera estar volviendo al pasado, durante el cual se impuso una mordaza a los medios de comunicación poniendo un muro a la tarea de informar y opinar sobre el acontecer nacional.
No se puede ignorar la gravedad de los recientes casos de violencia que ha menoscabado el ejercicio de la actividad de los comunicadores en el país.
Entre estos sucesos sobresalen el asesinato a tiros el pasado 6 de agosto en la ciudad de Zacapa del periodista y locutor Luis Lima; el atentado a balazos el lunes de esta semana en la ciudad de Mazatenango contra Freddy Rodas, corresponsal de Radio Sonora, quien está internado en un hospital, y las denuncias de José Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico acerca de dos intentos de allanamiento a su casa el último fin de semana por parte de miembros de las fuerzas estatales de seguridad.
Zamora atribuyó esos hechos a una represalia por las denuncias que ha formulado en su periódico sobre actos de corrupción en el gobierno. El ministro del Interior, Coronel Mauricio López Bonilla, rechazó esos señalamientos.
Tampoco puede pasar por alto la demanda judicial promovida por un ingenio azucarero en contra de Rolando Miranda, corresponsal de Prensa Libre en la costa sur, luego de haber publicado las quejas de algunos vecinos en torno a sospechas de contaminación de un río por los desechos de esa empresa.
En los círculos de algunas de las entidades de prensa como la APG, existe la percepción que esa demanda lleva implícita una intimidación para poner un bozal a la expresión popular.
Finalmente, llama la atención las dificultades que ha habido en los últimos días para acceder en internet a las páginas de elPeriódico. ¿Serán una casualidad?…